La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada la madrugada de ayer por Morena y sus aliados, reduce las sanciones a aspirantes que violen la ley electoral, como las corcholatas de Morena que están en plena promoción política rumbo a 2024.
El jefe del Ejecutivo federal propuso eliminar la cancelación de candidaturas como una de las sanciones a las que puede hacerse acreedor un aspirante o candidato que haga promoción electoral anticipada, que use recursos de origen ilícito en sus actividades, que no presente informes financieros o que exceda gastos de campaña.
Durante 2022, ya se han presentado más de 30 denuncias contra los aspirantes presidenciales de Morena por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos, en mítines, actos públicos y hasta bardas de apoyo.
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha sido sancionada por su constante promoción anticipada e incluso ha sido advertida de que podría perder el “modo honesto de vivir”, requisito para aspirar a ser candidata.
También han sido sancionados y reconvenidos por las autoridades electorales el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard.
La propuesta del presidente desaparece la fracción III del inciso C de artículo 456, que dice: “(Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.
“Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean imputables exclusivamente a aquellos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato”, señala.
Bajo esos términos, por ejemplo, fue sancionado Félix Salgado Macedonio, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló su candidatura a la gubernatura de Guerrero por no haber presentado a tiempo el informe sobre sus gastos de precampaña.
Además, uno de los ejes de la reforma aprobada es que se impide a la autoridad electoral interpretar la ley para sancionar a aspirantes, precandidatos y candidatos.
“Queda prohibido imponer, por analogía, y aún por mayoría de razón, sanción alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable a la conducta infractora de que se trate”, establece la reforma aprobada.
Claudia Salazar, Martha Martínez y Érika Hernández I Agencia Reforma
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