Luego de meses de discusiones, las comisiones del Senado iniciaron el debate de las leyes que darán forma al Sistema Nacional Anticorrupción.
En el arranque, los impulsores de la llamada Ley 3de3 expusieron formalmente el contenido de su propuesta. En un hecho sin precedente, el representante de la sociedad civil, Eduardo Bohórquez, hizo uso de la tribuna.
Desde ahí, exigió que las nuevas leyes respondan al llamado que hicieron los ciudadanos en las urnas el 5 de junio, que ningún acto de corrupción quede sin castigo. Bohórquez pidió que tanto funcionarios como particulares, incluidas empresas, sean castigados. El director de la organización Transparencia Mexicana demandó la desarticulación de las redes de corrupción y mecanismos que permitan que los funcionarios denuncien a sus pares.
La verificación y publicidad de las declaraciones patrimonial, de impuestos y de intereses no deben minimizarse, exigió. También se pronunció porque el contenido de las declaraciones sea verificada y sean sancionados quienes hayan mentido, planteó.
Bohórquez lamentó que las recientes declaraciones patrimoniales presentadas no permitan la verificación ni castigo a quienes hayan falseado información.
“Demandar versiones públicas no es ridiculizar o llamar al escarnio de los funcionarios. Las declaraciones presentadas hasta ahora sólo han servido para ampliar las obligaciones de los funcionarios públicos”, expresó Eduardo Bohórquez.
El representante advirtió que hay muchos funcionarios que viven en una zona gris en cuanto a sus bienes, intereses y pago de impuestos. La presentación de la 3de3 es una tendencia internacional en más de 70 países, dijo.
La llamada Ley 3de3 la han apoyado incluso el PAN y el PRD, además que los empresarios de varios organismos se han pronunciado a favor de ella.