La primera tarea que se les encomendó a los secretarios de Estado durante la presente administración federal en México fue entregar dos diagnósticos sobre los principales problemas de la oficina a su cargo, junto con una ruta de acción. El primero debía construir el escenario de qué pasaría si sólo se administraban los problemas; en el segundo la premisa era qué sucedería si se atacaba a fondo el problema. Con esos documentos, el presidente de la república y sus asesores tomarían las respectivas decisiones para gobernar el país y afrontar los compromisos internacionales de México en materia de tratados de libre comercio, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) que, por entonces, ya se negociaba.
En el caso del sector laboral, uno de los principales problemas lo representa el salario mínimo: ha perdido 78.1 por ciento de su poder adquisitivo desde finales de la década de 1970. El escenario de administración en este caso, de acuerdo con Alfonso Navarrete Prida, actual secretario del Trabajo, era que si se administraba el problema sólo podía garantizar un coeficiente de huelga menor a 5 por ciento; que el salario perdería dos puntos de poder adquisitivo, y que la informalidad aumentaría en dos millones de mexicanos al final del sexenio, con lo cual el mercado laboral tendría una tasa de informalidad de 60 por ciento frente a 40 por ciento de trabajos formales.
El otro escenario representaba hacer una reforma laboral, implementarla, flexibilizar la condición de contratación individual, desindexar el salario mínimo, cerrar las zonas económicas y buscar la formalización del empleo. Para ello, el diagnóstico señala que se requiere capacitación y certificación de habilidades, apertura de mercados para hacer más atractiva la inversión y programas compensatorios con el Servicio Nacional de Empleo que ayuden a abatir la desigualdad que vive México. Este camino no es alentador en el corto plazo, pero promete —de funcionar— que el problema se resolverá en menos de una generación.
“Si una política pública no tiene un resultado, es una política pública demagógica. Pero si atiende un fenómeno estructural de años, donde se va perdiendo cada año algo, si esa política pública no sólo detiene el problema, sino revierte la circunstancia estructural, [entonces] está funcionando”, dice Navarrete Prida a Newsweek en Español. Nuestra charla acontece en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicadas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, mientras afuera, en la calle, marchan miles de campesinos, trabajadores y estudiantes rumbo al Zócalo capitalino; protestan por un sinnúmero de causas entres las que hay acusaciones de represión por parte de un presidente municipal hasta el rechazo a la reforma laboral.

—¿Qué tan fácil fue negociar las modificaciones al TPP con la clase empresarial y productiva de este país, que son siempre reticentes a los cambios?
—Fue complejo. Quien crea que trabajar con las fuerzas productivas en un país donde hay derecho de huelga y donde, además, hay unas sinergias que se ha sostenido durante décadas y modificarlas —porque la ley laboral modificó 42 años de historia que iban en un solo sentido, para ir en sentido inverso— quien crea que esto fue fácil, no entiende el mercado laboral.
“Ha sido muy complejo —insiste—, pero si el interés superior y el propósito son el país y que productivamente nos vaya mejor —y para ello se busca construir la mejor legislación laboral posible—, se entiende que tenemos que cambiar ¡porque tenemos que cambiar! Entonces es más fácil que los cambios se den. Yo debo hacer un reconocimiento absoluto a nuestros factores de la producción que, con diálogo y respetando al árbitro, han permitido que lleguemos a acuerdos de esta naturaleza”.

TPP: EN LA CANCHA LEGISLATIVA
Días antes de esta entrevista se publicó el texto íntegro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que fue firmado por los ministros de comercio de las 12 naciones involucradas: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Su contenido se negoció de manera privada desde 2011 y ahora debe ser aprobado por los congresos respectivos y bajo las leyes de cada uno de estos países, un trabajo que no es menor y que algunos analistas creen que podría tomar hasta dos años en completarse.
Si bien el capítulo laboral no es el más extenso, resulta uno de los temas complicados no sólo en ésta, sino en cualquier negociación comercial, sobre todo cuando existen grandes disparidades en los mercados laborales —en este caso involucra a economías desarrolladas y de países subdesarrollados que, en su conjunto, moverán 40 por ciento del PIB mundial—. Ello, implica realizar una negociación mucho más profunda, que tome en cuenta la naturaleza de los diversos mercados, pero también la de los trabajadores y empresarios.
A ese respecto, Navarrete Prida puntualiza los principales temas que se trataron durante la negociación del TPP:
“Uno: qué tanto contenido nacional deben llevar los productos que se exportan en determinados sectores y que representan plantillas de trabajadores mexicanos.
“Dos: cuáles son las condiciones de los mercados laborales y si estas condiciones son similares en el resto de los países que conforman el próximo Acuerdo Transpacífico.
“Tres: cuáles son los derechos de estos trabajadores frente a los derechos de los trabajadores de los otros países, que nos hagan ser equilibrados en nuestras transacciones comerciales.
“Y cuatro: cuáles son los derechos de movilidad laboral que existe entre los países que firmaron el TPP y [contemplar] que los mercados laborales también se están haciendo mercados globales: en México hay un particular interés porque es uno de los diez países con mayor capacidad y un ambiente de inversión extranjera directa que hay en el mundo; esto, genera reacciones en otros países que consideran que la mano de obra mexicana puede estar haciendo algún tipo de competencia desleal —y no estoy hablando de los gobiernos, sino de los sectores de otros países que, por lo tanto, presionan a sus gobiernos para buscar generar cambios en las estructuras legales mexicanas que se tengan que ventilar”.

—¿Cómo competir con Vietnam y Singapur, cuyas industrias son mayoritariamente estatales y los derechos laborales se respetan poco?
—Entiendo que en ese tipo de países quedaron sujetos a una serie de modificaciones, a su legislación interna para que todos los países tuviéramos las mismas reglas del juego, y que lo que defendió México, más allá de si es o no una industria estatal, fue el porcentaje de contenido nacional que debe traer cada producto y que ese porcentaje sirviera a los vietnamitas: primero en términos de la protección de su industria y, segundo, al resto de los países en términos de quiénes pueden invertir o quiénes pueden participar para la elaboración de productos. En Vietnam, en Malasia, en algunos otros países, se tomaron determinaciones de modificación a las legislaciones para que tuviéramos el mismo piso y, en México, la suscripción del TPP no quedó sujeto a ningún plan de acción o modificación legal alguna, tratándose de acuerdos de carácter comercial.

—¿Se modificaron algunos acuerdos ya establecidos en el TLCAN?
—Sí, se profundizó sobre acuerdos que tenían que ver con el medioambiente, protección de las patentes y marcas; sobre los temas que tienen que ver con contenido nacional, sobre asuntos adicionales que tienen que ver con justicia cotidiana. El TPP, en muchas cosas, profundiza lo que fue hace 20 años el TLCAN y permite tener reglas mucho más claras, abiertas y competitivas para los próximos años.

CONTROL SINDICAL
En 1941, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promulgó el convenio 98, en el cual los Estados parte se comprometen a tutelar y proteger la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la contratación colectiva. Sin embargo, el gobierno mexicano se negó a firmarlo, pues contravenía la cláusula de exclusión de la Ley Federal del Trabajo, la cual obligaba a los patrones a separar a los trabajadores que renunciaran o fueran expulsados del sindicato. Ahora, en el marco del TPP, ésta y otras disposiciones se han vuelto a poner sobre la mesa, no sólo para nuestro país, sino para el resto de las naciones firmantes.

—¿Por qué, a pesar de ser considerado como prioritario, México no ha suscrito el convenio 98 de la OIT? —se le pregunta a Navarrete Prida.
—En la OIT existen ocho convenios llamados prioritarios. Estos convenios tienen que ver con libertad sindical, buenas prácticas laborales, con prohibición de trabajo infantil —particularmente en sus peores formas de explotación—, con mecanismos de inspección y seguridad en el trabajo, y con tripartismo como forma de solución en el mercado laboral y de elaboración de instituciones.
“De estos ocho convenios fundamentales —explica el secretario—, México ha firmado siete. Ratificamos en junio un convenio que tiene que ver con la edad mínima para el trabajo; el único que nos falta ratificar es el convenio 98, que consiste en temas de libertad sindical y resolución de controversias ante quejas que se puedan dar en organismos internacionales, independientemente de la jurisdicción nacional. En México estamos trabajando en los ajustes que se tienen que hacer para el respeto a nuestra Constitución y que no se pierda el principio de la seguridad jurídica. Por lo tanto, vamos a hacer los ajustes que tengan que hacerse a nuestra legislación para garantizar que los procedimientos establecidos en el convenio 98 estén contemplados dentro de nuestra legislación.
Y agrega: “Desde luego, se hace el exhorto respetuoso —que no es condición— a otros países a que ratifiquen también el convenio 98. Fundamentalmente a nuestro vecino comercial y socio, Estados Unidos, que nos ha pedido que ratifiquemos el convenio 98 pero no nos dice si ellos lo van a ratificar. Nosotros tenemos siete convenios ratificados de los ocho y ellos sólo han ratificado dos. Por lo tanto, esto abre un campo de oportunidad en ambos países para que nuestra legislación sea acorde a las mejores prácticas internacionales”.

—Uno de los requisitos del TPP es la libertad sindical, ¿qué hay respecto a los contratos de protección y a los sindicatos blancos que durante muchos años en México fueron una realidad?
—Que es un hecho, que en México hay una crítica seria a este tipo de contratación. Pero hay que decir qué se entiende por un contrato de protección: es cuando un grupo minoritario de trabajadores, sin consultarle a su base, firma o suscribe un contrato sobre los cuales los trabajadores de base no tienen conocimiento, y que esto genera el llamado contrato de protección, porque se entiende que está siendo favorable a la empresa o al llamado sindicato blanco que simplemente dejó pasar un contrato que se había establecido mucho antes de que la base trabajadora lo votara. A partir de las reformas de finales del 2012, se tomaron muchas medidas que van en la dirección de prohibir y erradicar los contratos de protección.

—¿Qué medidas?
—Primera: todos los contratos colectivos de trabajo se firman y se llevan ante las instancias laborales mexicanas federales. Dichos contratos tienen que publicarse en las juntas federales de Conciliación y Arbitraje donde se firmaron y se depositaron. Además, hay una obligación patronal de publicarlo en los centros de trabajo para que los trabajadores las conozcan.
“Segunda: se eliminó la famosa cláusula de exclusión, que significa que si un trabajador no quería pertenecer al sindicato que detentaba la titularidad del contrato colectivo lo podían sacar de la empresa. Eso es ilegal y ya la ley lo tutela.
“Tercera: se estableció un protocolo específico de inspección laboral para que constatemos que, efectivamente, los trabajadores conocen su contrato, firmado por su cúpula sindical, y que por lo tanto es representativo de la mayoría de los trabajadores.
“Cuarta: por primera vez se establecieron reglas por ley para la elección de las dirigencias sindicales en México. Por voto libre, directo y secreto, se tienen que establecer cada dirigencia sindical y tiene que supervisarlo la autoridad laboral.
“Quinta: todos los sindicatos que tienen recursos públicos están sujetos a las leyes de transparencia e información del INAI; eso no es menor y todos los recuentos sindicales que se han hecho los hacemos públicos y los tenemos expuestos en nuestras páginas de la secretaría y los portales electrónicos.
“El resultado de esto es que tenemos 25 meses en México, por primera vez desde que se promulgó el artículo 123, en 1917, tenemos 25 meses sin una sola huelga a escala federal en el país, y eso solamente se puede lograr en un ambiente democrático donde hay sindicatos disidentes, no oficiales, pues hay libertad y un árbitro que juega imparcialmente para que las cosas se resuelvan favorablemente.

—¿Nuestro país cumplirá con el compromiso internacional de crear un seguro de desempleo?
—México ha hecho un esfuerzo importante en la materia. Ya se presentó una iniciativa en materia de seguro de desempleo, que está en el Congreso, y que tendrá que resolverse. Además, en mecanismos e instituciones auxiliares también ha profundizado en los temas de seguridad en el desempleo, en materia de adquisición de créditos que estén cubiertos durante un periodo determinado, como es el caso del Infonacot, y que por lo tanto la plantilla de nuestros trabajadores sepan que cuentan con pisos y mecanismos de protección social, que además es una de las buenas prácticas que México ha suscrito con la OIT.