Libros de texto gratuito podrían llegar a la Suprema Corte
El conflicto por los nuevos libros de texto gratuitos y por el proceso por el que fueron elaborados está en camino a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha negado a cumplir con las resoluciones de una jueza federal para que suspenda la distribución de materiales, e incluso ha advertido que no lo hará.
De acuerdo con abogados consultados por Animal Político, ese escenario se abre tanto por la suspensión definitiva otorgada por una jueza en favor de quienes cuestionaron la forma en que la SEP mandó a imprimir los libros —ignorando lo que marca la Ley General de Educación—, como por la reiterada negativa de las autoridades educativas a atender estas órdenes.
La SEP violó la Ley General de Educación porque mandó a imprimir los libros sin antes haber publicado los planes y programas de estudio, y tampoco realizó consultas con todos los sectores involucrados como organizaciones civiles y padres de familia.
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Miguel Ángel Ortiz, abogado de la organización Educación con Rumbo, señaló que, incluso si los planes y programas educativos son publicados en el Diario Oficial de la Federación previo al inicio de clases —el próximo 28 de agosto—, esto no daría legalidad al proceso de elaboración de los libros. Por el contrario, “sería una prueba de que la elaboración de los materiales fue ilegal, por resultar contraria a la Ley General de Educación que establece que la documentación debe ser publicada con anterioridad al proceso de producción”.
“Este procedimiento tiene que ser programático y ordenado, además que debe garantizarse que los libros tienen contenido científico y de calidad. No basta con que se publiquen los planes y programas, sino que estos tienen que respetar la Ley General de Educación, y esa es la parte de la que el Poder Judicial está a la espera, para determinar si efectivamente cumplieron con la norma”, explicó.
El abogado indicó que, en caso de que la SEP no cumpla con la suspensión dictada por la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, el asunto podría llegar a la SCJN, “para hacer cumplir las determinaciones del Poder Judicial, algo totalmente justificable para garantizar el interés superior de los niños y niñas”.
La decisión de atraer el asunto a la SCJN es de los ministros que la integran, que podrían tardar meses en discutir el tema. Independientemente de que esto ocurra, en el caso de que se confirme jurídicamente que la SEP incumplió con la orden de detener la elaboración de los libros, estos tendrán que quedar bajo resguardo hasta que se determine qué va a ocurrir para que las faltas cometidas sean resarcidas.
Según Miguel Ángel Ortiz, si antes del inicio del siguiente ciclo el asunto continúa sin resolverse, “están los libros de texto del año pasado, están las versiones electrónicas, y los maestros tienen la capacidad de llevar a cabo la enseñanza bajo el régimen que se venía aplicando y que está aprobado”.
En las últimas semanas, los contenidos de los libros han sido tema de debate entre especialistas en temas educativos, políticos y la ciudadanía; sin embargo, más allá de esta discusión se encuentran los argumentos legales por los que el Poder Judicial emitió una suspensión definitiva que ordena que se detenga su elaboración y distribución.
Miguel Ángel Ortiz remarcó que la SEP ha incumplido con la Ley General de Educación, cuya nueva versión fue discutida y promulgada durante la actual administración, en septiembre de 2019; ahí se establece la obligatoriedad de publicar —previo a la elaboración de los libros— los planes y programas del ciclo escolar por iniciar, mismos que, al igual que los materiales educativos basados en ellos, deben ser consultados entre padres de familia.
Con información de Animal Político
