Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con una investigación abierta en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a quien se señala por su presunta responsabilidad en la muerte de un ciudadano a causa de COVID-19.
De acuerdo con el despacho de abogados Coello Trejo, que lleva el caso, la determinación del juez de control Arturo Medel Casquera, del Reclusorio Sur, ocurre luego de que el pasado 22 de marzo el agente del Ministerio Público encargado de integrar la carpeta de investigación decidió un “no ejercicio de la acción penal” contra el funcionario.
A finales de 2020, el ciudadano Felipe del Carmen Jiménez Pérez falleció por COVID-19, razón por la cual sus familiares decidieron interponer una denuncia en contra de López-Gatell y otros funcionarios por su presunta “falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de la función pública”, en relación a su papel como servidores públicos responsables de atender la pandemia.
En una primera instancia, la autoridad ministerial inició la investigación y turnó el asunto al agente del Ministerio Público, titular de la Célula I-IV del equipo de investigación y litigación de la FGR, quien a su vez notificó a los familiares de Jiménez Pérez, el 15 de diciembre del mismo año, su determinación de abstenerse de investigar por considerar que los hechos no eran constitutivos de delito.
Después, Felipe Jiménez Palacios, familiar y víctima indirecta, presentó diversas impugnaciones, hasta que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó una resolución de un juez de distrito que había confirmado el acuerdo ministerial de abstenerse de investigar. En su lugar, le ordenó celebrar de nuevo la audiencia de impugnación y escuchar a las partes para que resolviera de forma “fundada y motivada”.
“En dicha audiencia —celebrada el 19 de enero de 2022— se resolvió finalmente que la Fiscalía General de la República había emitido un acuerdo ministerial que no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que no es propio de la abstención de investigar, ya que de confirmarse, se privaría incluso la probabilidad de que existiera diverso responsable por los hechos denunciados”, señaló el abogado Javier Coello Trejo mediante un comunicado.
Derivado de esta situación, se inició de nueva cuenta la integración e investigación de la carpeta FED/DGCAP/DGCAPCDMX/0000003/2022.
Sin embargo, luego de que Jiménez Palacios solicitó que se desahogaran diversos datos de prueba —entre otros, que fueran llamados a comparecer diversos altos funcionarios como el secretario de Salud, Jorge Alcocer—, la defensa denunció que el 22 de marzo pasado el agente del Ministerio Público determinó un “no ejercicio de la acción penal”, algo que ahora fue revocado por el juez Medel Casquera.
“El asunto es bastante, insisto, complejo, pero es un asunto que amerita precisamente que los diversos operadores, incluida la fiscalía, tengan empatía precisamente en esa investigación, porque no se deben delimitar únicamente a verificar y establecer lo que sí hubo, sino precisamente, ver qué es lo que hubo, ver lo que se dejó de hacer y precisamente, advertir si de eso que se dejó de hacer pues pudo haber detonado, haber traído esa consecuencia gravosa”, dijo el juez al emitir su resolución.
Se buscó a la Secretaría de Salud federal para saber si fijará un posicionamiento sobre la nueva decisión del juez, pero la dependencia no respondió de forma inmediata.
Con información de Animal Político
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