Organizaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Gobernación su intervención para sancionar a las asociaciones religiosas que violan la Constitución y la ley al incitar a la violencia con sus discursos contra la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual.
Entrevistada luego de entregar la petición en la Oficialía de Partes de la dependencia, la candidata a diputada a la Asamblea Constituyente Lol Kin Castañeda Badillo, explicó que ello se ha hecho patente luego de que se promovió la iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario.
Esa iniciativa, dijo, fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo e incluye el cambio de identidad jurídica simple a personas trans, el reconocimiento de familias en plural y campañas contra la discriminación por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.
Lol Kin expuso que “a partir de ello hemos visto expresiones de odio, incitación a la violencia, llamado de las asociaciones religiosas en Aguascalientes, Morelos, Guerrero y en la Ciudad de México, donde promueven la votación en contra y seguir negando derechos a nuestras familias y parejas”. Por ello, consideró que no se puede seguir permitiendo que este clima de violencia crezca en el país, como lo muestra el ataque ocurrido hace unas semanas en un bar en Xalapa, donde hubo tres muertos y 13 heridos.
Castañeda Badillo advirtió que los discursos de odio alientan el encono y la división social, incitan a la violencia y “ponen en riesgo la estabilidad social y nuestras vidas”.
La activista afirmó que los mismos no pueden traducirse en igualdad ni en derechos humanos, por lo que reiteró su llamado a la Secretaría de Gobernación a que aplique la ley contra estas asociaciones religiosas.
En su opinión, se vulneran los artículos 1, 3, 4, 27 y 130 constitucionales, así como varios de la Ley de asociaciones religiosas. Comentó que ya se cumplió un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la jurisprudencia 43/2015 que garantiza que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es constitucional.
Por ello, agregó, es inaplazable la acción de gobierno para garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos, que son parte del mandato de la Constitución de la república, la cual no puede sujetarse a una interpretación basada en dogmas de fe de ninguna religión en México.