Pese a decenas de denuncias con rostros y nombres de agresores y autoridades coludidas, en Querétaro no hay todavía una sola persona detenida por la golpiza del pasado sábado en el estadio Corregidora.

Apenas unos minutos después del ataque, en redes sociales ya abundaban las imágenes y videos en los que sujetos ataviados con playeras del Querétaro agredieron con puños, pies, rodillas, palos y hasta butacas a aficionados del equipo visitante hasta dejarlos inconscientes.

En otras evidencias, los pocos policías del inmueble fueron retratados observando a la distancia las batallas campales y, en algunos casos, hasta abriéndoles las rejas de separación, las cuales tienen alambres de púas, a los “barristas” locales para que pudieran llegar a donde estaban instalados los visitantes.

Pero a más de 24 horas de la violencia campal, la autoridad solo había informado hasta ayer de la suspensión de Leonardo Flores, director de Operación Policial; Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo; Agustín Martínez, policía; Carlos Mendoza, coordinador de Eventos y comisionado para el partido de Gallos Blancos contra Atlas, y Carlos Alberto Toscano Mendoza, titular del Área de Gestión de Riesgos.

Al respecto, la fiscalía estatal aseguró que las evidencias gráficas serán tomadas en cuenta en la carpeta de investigación que se abrió por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos.

El gobierno estatal, a cargo del mandatario Mauricio Kuri, reconoció por la mañana que había actuado de forma tardía e insuficiente en el operativo en el que también estuvo implicada una empresa privada
de seguridad.

Gabriel Solares, dueño de Gallos Blanco, fue quien detalló que el protocolo establecido con las autoridades se vio rebasado al solo contar con 350 elementos de seguridad privada, 100 policías estatales y 150 municipales para un evento multitudinario y considerado, por sus antecedentes, de alta peligrosidad.

Luis Pablo, quien se resguardó de los golpes con su esposa y tres hijos menores de edad, uno de ellos gritando ¡No me quiero morir!, narró que al momento de la golpiza ningún policía estaba presente.

Oscar Uscanga
Agencia Reforma

Te puede interesar Piden en Pachuca asumir responsabilidad por actos de barras