El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para restituirle a la Secretaría de la Función Pública (SFP) las atribuciones de control disciplinario y administrativo del gobierno federal.
Con votos 448 votos favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores además determinaron que la SFP, en el caso de que detecte irregularidades administrativas graves o delitos de corrupción, presente las denuncias correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la SFP conserva su facultad para imponer sanciones en casos de faltas menores a través de los órganos ínternos de Control (OIC), así como de encargarse de la fiscalización de los recursos y de establecer los lineamientos con los que se realizan las compras gubernamentales. A la SFP también se le encomienda hacerse cargo de la recepción y el registro de las declaraciones patrimoniales y de intereses; así como de gestionar el directorio de servidores públicos sancionados.
Con la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, a la SFP se le obliga a informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema sobre el resultado de la evaluación que hace a la Administración Pública sobre el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de los recursos públicos.
La SFP había desaparecido de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 2013 debido a que la primera iniciativa anticorrupción que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso contemplaba su sustitución por una agencia nacional anticorrupción. Aprobado este cambio, la diputación avanza con una de las siete leyes.