Al emitir una recomendación por tortura a Mario Aburto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
“Las nuevas consideraciones y hallazgos advierten violaciones graves a derechos humanos; por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima”, estableció el organismo que encabeza Rosario Piedra.
“Además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”.
La CNDH indicó que la recomendación será enviada a la Cámara de Diputados para que la Comisión de la Verdad, creada ahí para esclarecer los hechos, acredite su cumplimiento.
“Esta nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llevar al Pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva”, agregó.
Mario Aburto fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y desde entonces ha estado en diferentes prisiones federales.
Hace siete meses, Aburto envió una nueva queja a la CNDH, en donde aseguró que desde hace 27 años ha denunciado ante el organismo que fue torturado; además, de que desde el 31 de agosto de 1994 existe una investigación al respecto en lo que era la Procuraduría General de la República (PGR).
“La víctima y sus familiares manifestaron a este organismo nacional que, durante 27 años, las autoridades peni-
tenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California”, detalló.“La CNDH determinó que elementos de la entonces la Policía Judicial Federal adscritos a la PGR –hoy Fiscalía General–, así como los agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado al Cefereso número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”.
César Martínez I Agencia Reforma
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