Vecinos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que protestaron por el incumplimiento del Gobierno federal en obras de infraestructura prometidas a cambio de ceder y vender sus terrenos, han sido amagados con citatorios relacionados con carpetas de investigación por parte del Ejército y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
Tres mujeres y un hombre de San Miguel Xaltocán, municipio de Nextlalpan, pegado a la entrada principal del aeropuerto, fueron citados a declarar este viernes en calidad de testigos a la Fiscalía General de la República en sus oficinas del AIFA, sin precisar el motivo.
Los citados creen que se trata de un asunto relacionado con el enfrentamiento a pedradas entre pobladores de Xaltocán y militares el 27 de mayo pasado. El Ejército intentaban continuar las obras en barda perimetral, junto a dos escuelas que el Gobierno federal había prometido remodelar a cambio de los terrenos cedidos para el AIFA, pero que dejó inconclusas, por lo que los habitantes, que temían una invasión de más terrenos, montaron un campamento.
“Todavía siguen corrigiendo las fallas de las escuelas y ni nos dieron el mobiliario nuevo que prometieron”, dijo una de las mujeres que llamó la FGR.
El 22 de noviembre pasado fueron citados en calidad de acusados unos 15 ejidatarios del municipio de Tonanitla, por donde pasará la inconclusa carretera libre hacia el Aeropuerto.
Uno de los involucrados contó que se trata de uno de los paros que hicieron de la carretera en protesta por el incumplimiento de las obras prometidas, como dos pozos de agua, entubamiento del canal de riego e incluso una salida de sus milpas hacia la nueva carretera.
“Fuimos, pero nada más nos informaron que la SCT nos tenía demandados pero que después nos iban a llamar, pero no ha pasado más”, dijo este jueves uno de los pobladores.
El ejidatario consideró que se trata de un amago contra la población que aún exige las obras que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, les prometió. Incluso, dijo que a esta fecha no han cumplido con la reconstrucción de un canal de riego.
“No cumplieron con nada y ese es el motivo por que se obstruyó la carretera. Además, perdimos toda la cosecha del año pasado, nosotros debimos regar en octubre y noviembre y no hubo riego”, dijo.
En los dos casos, los citatorios recibidos advierten que en caso de no comparecer, se impondrá una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización, que en 2023 equivalen a 51 mil 500 pesos.
Jorge Ricardo Nicolás | Agencia Reforma
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