La Corte discutirá hoy, por primera vez en su historia, un proyecto que propone dejar de aplicar un fragmento de la Constitución por considerarlo contrario a los derechos humanos.
Si junta al menos ocho votos, la Corte ordenará a todos los jueces del país dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 de la Constitución para 16 delitos, y que se ha ampliado a otros 45 mediante leyes secundarias impulsadas este sexenio.
De aprobarse, la iscalía tendría que dar razones al juez para mantener al acusado en la cárcel durante su proceso.
Críticos del proyecto han señalado que la Corte excedería sus facultades si ordena inaplicar la Constitución, pues la propia Carga Magna no la faculta para ello, es decir, solo el Poder Reformador, integrado por los Congresos federal y estatales, puede hacer esos cambios.
La propia Corte, desde 2011, ha sostenido que si la Constitución prevé una restricción a los derechos humanos, ésta debe prevalecer sobre lo previsto en tratados internacionales.
Pero el proyecto propone abandonar ese criterio.
“Esta directriz ya no da una respuesta satisfactoria a las necesidades actuales del sistema de protección a los derechos humanos”, afirma.
Víctor Fuentes I Agencia Reforma