El Senado aprobó por unanimidad la reforma que limita las pensiones doradas de exfuncionarios, estableciendo un tope máximo basado en el salario presidencial

La iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum busca frenar las pensiones millonarias pagadas con recursos públicos a altos funcionarios
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional para limitar las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios, una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de establecer topes a las jubilaciones pagadas con recursos públicos.
Durante la sesión del pleno, los legisladores aprobaron la iniciativa con 116 votos a favor, con lo que se avaló la modificación al artículo 127 de la Constitución, que regula las remuneraciones y percepciones de los servidores públicos.
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La propuesta establece que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y empresas de participación estatal mayoritaria no podrán exceder el 50% del salario que percibe la presidenta de México.
La iniciativa forma parte de las acciones del gobierno federal para reducir privilegios en el servicio público y limitar las pensiones millonarias de altos funcionarios.
La reforma contempla a exfuncionarios de alto nivel en instituciones públicas, particularmente en organismos descentralizados y empresas estatales.
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Sin embargo, la legislación establece que algunos casos quedan excluidos de esta medida.
Entre las excepciones se encuentran:
Una vez aprobada por el Senado, la reforma será enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

Durante el debate en el Senado de la República, legisladores de oposición manifestaron su respaldo a la iniciativa para limitar las pensiones doradas de exfuncionarios, aunque también plantearon algunas reservas sobre su aplicación.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN), José Máximo García López, consideró que la reforma representa un avance en la regulación del gasto público, ya que establece límites razonables a las pensiones financiadas con recursos del Estado.
No obstante, sugirió que el tope de las pensiones se establezca utilizando la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar del salario presidencial, ya que este último puede modificarse cada año mediante el Presupuesto de Egresos.
Por su parte, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, señaló que su bancada apoyó la reforma para limitar las pensiones doradas, pero advirtió que se debe cuidar que los cambios no vulneren derechos laborales adquiridos.
La legisladora explicó que el principio constitucional de no retroactividad de la ley protege los contratos previamente establecidos, aunque reconoció que el Congreso tiene facultades para realizar reformas constitucionales cuando se busca proteger intereses nacionales y el uso adecuado del presupuesto público.
Con esta aprobación en el Senado, la reforma para limitar las pensiones doradas de exfuncionarios continúa su proceso legislativo y deberá ser analizada por la Cámara de Diputados antes de su eventual entrada en vigor.
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