Más de 700 funcionarios enfrentan procesos por irregularidades en declaraciones patrimoniales en Hidalgo
La Contraloría estatal informó sanciones, inhabilitaciones y procedimientos derivados de revisiones patrimoniales
La Contraloría estatal reportó más de 700 procedimientos administrativos por declaraciones patrimoniales
Derivado de las revisiones de las declaraciones patrimoniales del gobierno de Hidalgo, el Contralor estatal Álvaro Bardales Ramírez dio a conocer que se iniciaron más de 700 procedimientos administrativos, por incumplimiento e irregularidades en dicho ejercicio en los últimos tres años y medio.
De esos procedimientos, 302 corresponden a amonestaciones privadas (actas administrativas); 235 a inhabilitaciones temporales, desde un día hasta un año; 171 a amonestaciones públicas; 18 son suspensiones y una destitución.
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Aunado a esas cifras, Bardales Ramírez indicó que otros 30 casos han sido turnados al Tribunal de Justicia Administrativa y otro “número importante” de denuncias también fueron redirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
De acuerdo con el funcionario, las sanciones de conductas no graves son las sancionadas por la Contraloría estatal, mientras que el resto son dirigidas ante las instancias mencionadas.
Hidalgo acumula cientos de procedimientos por incumplir declaraciones patrimoniales
Asimismo, en cuanto al cumplimiento de los ayuntamientos de Hidalgo para transparentar el patrimonio de sus funcionarios, el contralor informó que los tres municipios con menor cumplimiento fueron Tenango de Doria, Mixquiahuala y Huehuetla, que cumplieron con solo el 39.23, 51.21 y 75 por ciento, respectivamente.
Finalmente, Bardales Ramírez señaló que, durante la declaración de este año, no existieron omisiones en las declaraciones de secretarios o titulares de primer nivel; sin embargo, reiteró que se llevan a cabo investigaciones relacionadas con la evolución patrimonial de algunos “casos especiales y representativos”.
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Será a finales de este mes cuando la Contraloría defina si los funcionarios que están sujetos a investigación cumplieron de forma correcta, son acreedores a alguna falta administrativa, o incluso, si sus casos podrían ser turnados al Tribunal de Justicia Administrativa.
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