Gerardo Laveaga Rendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y promotor de la creación de un Código Penal federal único, consideró que en la discusión de su planteamiento se debe considerar la despenalización del aborto, bigamia, incesto y ayuda al suicidio.

El jurista impartió la conferencia Las neurociencias y el derecho penal, en el auditorio Benito Pablo Juárez García, del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), como parte de los festejos de los 150 años del Poder Judicial estatal, en la que expuso su propuesta.

Respecto a las críticas que Laveaga Rendón ha recibido en torno a su planteamiento, sobre que hay delitos que deben regionalizarse (ser considerados en algunas entidades), dijo que la vida de una mujer o un niño no vale más en un estado que en otro.

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“Los temas son generales para todo el país. Es obvio que hay lugares en los que no se podría cometer abigeato porque no hay ganado, pero allí está el tipo (penal), solo que no se usa en ese lugar. Lo demás debe ser general”, señaló.

“El derecho penal debe tener los mismos delitos para Guanajuato que para Hidalgo, Yucatán o Coahuila, y no penalizar conductas como si yo ayudo a mi madre al suicidio, porque ella me lo pide porque sufre y yo no quiero verla sufrir”, mencionó el jurista.

El especialista dijo que actualmente se pretende castigar todos los comportamientos con penas, situación que calificó irracional, pues se debe pensar en un derecho penal mínimo; es decir, “la sanción debe venir cuando todo lo demás es un fracaso, como la mediación”.

Agregó que la bigamia, el incesto, la calumnia, la difamación y el adulterio deben analizarse en el plano civil y no en el penal, como sucede actualmente en los 32 estados del país.

ACUSAN INACCIÓN DE DEPENDENCIA

El 30 de abril, por segunda legislatura consecutiva, la panista Areli Maya Monzalvo y el morenista Ricardo Baptista González presentaron una iniciativa para derogar la calumnia y difamación, delitos contra el honor vigentes en la entidad

En Hidalgo, el ciudadano Leonardo García Vázquez fue vinculado a proceso en 2018 por el delito de difamación, luego de que la Constructora Sylma SA de CV lo acusara de dicho ilícito y le pidiera 65.5 millones de pesos por presuntas pérdidas que registró a causa del señalamiento por deficiencias en el fraccionamiento por esa empresa

Marisol Flores | Pachuca

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