Dos de los procesados por el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero del esquema de desvíos conocido como “Estafa Maestra” negocian con la Fiscalía General de la República (FGR) convertirse en testigos colaboradores.
Se trata de María de la Luz Vargas Vargas, directora de la Integración de Padrones de la Sedesol, y Luis Antonio Valenciano Zapata, representante de la “facturera” Inmobiliaria Feyrray, quienes desde hace algunas semanas iniciaron pláticas con la FGR para buscar un criterio de oportunidad.
En esta causa penal, el juez de control ordenó un total de 11 aprehensiones, entre ellas las de Rosario Robles y de Alejandro Vera Jiménez, ex Rector de la Universidad Autónoma de Morelos, los imputados de mayor relevancia.
De acuerdo con fuentes judiciales, el juez de control Iván Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, aplazó el pasado miércoles una audiencia porque los imputados manifestaron que están en pláticas para negociar el beneficio.
Si concretaran el arreglo, la Fiscalía les otorgaría la inmunidad penal, es decir, retiraría la imputación y quedarían libres, a cambio de que colaboren en las investigaciones.
El beneficio surtiría efectos a partir del momento en que rindan su testimonio en un juicio contra personas implicadas en un delito más grave que el imputado a ellos.
Este es hasta hoy la única carpeta de investigación de la Estafa Maestra que ha sido judicializada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO).
Vargas fue capturada el 7 de noviembre de 2020 en el Estado de México y Valenciano al día siguiente en Monterrey, Nuevo León.
Ella está presa en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Morelos; y él en el Penal Federal del Altiplano.
En este asunto hay un tercer procesado, Esteban Cervantes Rodríguez, dueño de Esger Servicios y Construcciones S.A. de C.V., pero a diferencia de sus coacusados, éste no ha buscado el criterio de oportunidad.
La imputación señala que un grupo de servidores públicos y “factureros” se organizaron en forma reiterada y permanente para desviar y lavar 77.8 millones de pesos de la Sedesol.
Esta suma corresponde al monto del convenio que suscribió la Universidad Autónoma de Morelos para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas sociales, de las cuales hay evidencia que sólo se aplicaron el 15 por ciento del total.
La universidad subcontrató a Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., la cual trianguló 66 millones 170 mil pesos a la empresa Esger Servicios y Construcciones
Además, un total de 6 millones de pesos se transfirió a Inmobiliaria Feyray, empresa de la que era representante legal Valenciano y que en 2017 apareció en la lista de “factureras” que publica la Secretaría de Hacienda.
Además de Robles y Vera, la FGR tiene pendiente ejecutar en este caso las órdenes de aprehensión de Wistano Orozco, ex director de Empresas y Servicios de la universidad y luego subsecretario de Educación Media y Superior de Morelos, en el Gobierno de Graco Ramírez.
También a Gerardo Ávila, ex secretario de la Rectoría, quien ya estaba sujeto a un proceso -aunque en libertad- por una contratación indebida de la Estafa por 22.9 millones de pesos, por un sistema de control de gestión y firma electrónica.
Los demás son Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones de la Sedesol; José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; y María del Carmen Gutiérrez, directora del Área de Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, además de Gianni Obed Hernández, apoderado de Grupo Industrial y Servicios Yafed, respectivamente.
Robles y Orozco están presos, sin embargo, la FGR no les ha ejecutado este mandamiento de captura.
Abel Barajas
Agencia Reforma
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