Los legisladores Miguel Ángel Peña Flores, del Partido del Trabajo (PT), y Areli Rubí Miranda Ayala, diputada independiente, presentaron una propuesta de acuerdo económico para exhortar a Mixquiahuala de Juárez con el objetivo de que la Contraloría municipal inicie una investigación por la acusación de una trabajadora sobre acoso sexual por parte del Oficial Mayor.
Por lo anterior, dentro del exhorto también se contempla solicitar al presidente José Ramón Amieva Gálvez que proporcione atención psicológica especializada a la trabajadora, además de asesoría y acompañamiento legal para que presente la denuncia penal ante el Ministerio Público.
Además de que el edil asegure las condiciones para que la afectada no sea intimidada por el servidor acusado. Las peticiones también contemplan iniciar procedimientos administrativos para evitar que funcionarios realicen hostigamiento o acoso sexual.
En caso de aprobarse el acuerdo económico, se invitaría al alcalde a “robustecer” los programas de sensibilización y capacitación para difundir los derechos humanos de las mujeres.
Los diputados que presentaron la iniciativa consideraron de alto impacto la acusación, pues dentro de las consecuencias del hostigamiento y acoso sexual se encuentran baja autoestima, cambios a nivel relacional, menor rendimiento, ausentismo laboral y, en las peores condiciones, el suicidio por parte de la víctima.
El Código Penal estatal establece que la persona que cometa el delito de acoso sexual sea castigada con tres meses a dos años de prisión, además de una multa de 40 a 80 días. En caso de ser servidor público, se puede inhabilitar para ejercer un cargo público e incluso duplicar la punibilidad, ya que ser funcionario y cometer la transgresión es considerada una agravante.
Irving Cruz I Pachuca