Con votación unánime, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a tres artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Con dichos cambios, la Contraloría de la entidad estará facultada a verificar las direcciones de los proveedores del gobierno, a fin de garantizar la veracidad de los datos proporcionados por las compañías.
“(La reforma) tiene como objetivo otorgar la atribución a la Contraloría del Estado para realizar visitas domiciliarias. Con este acto, se pretende generar filtros en este sector y evitar actos de corrupción mediante el uso de empresas no reconocidas”, aseveró el diputado priista José Luis Espinoza Silva, integrante de la Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
El dictamen también establece que si la información proporcionada por la firma proveedora es falsa, se aplicará un procedimiento administrativo para darla de baja y se iniciarán las acciones legales correspondientes.
Además, las modificaciones señalan que es obligación del Comité de Adquisiciones contemplar como criterios de contratación para arrendamientos y servicios la sustentabilidad ambiental, uso de tecnologías que permitan reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética.
De acuerdo con el proyecto aprobado, los artículos modificados de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad son el 23, en su fracción V, el 27 y el 33.
Irving Cruz I Pachuca
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El Congreso local aprobó un dictamen que contempla reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, entre las que se incluye la implementación del Gobierno Digital, con el que el Poder Ejecutivo tendrá que realizar adecuaciones para brindar servicios en línea las 24 horas del día.
Por medio de dicho programa, los diputados esperan que haya más transparencia e información pública, por lo que aseguraron que aumentará la confianza entre las autoridades y los ciudadanos, debido a la rendición de cuentas.
Otra modificación contempla la actualización a las normas para que las personas que se encuentren en el registro de deudores alimentarios morosos, que estén condenados por algún delito doloso o sean responsables de acoso sexual no sean elegibles para ejercer cargos del servicio público.
