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Investigarán a contratistas por falsear domicilio


La encargada del despacho de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo, María Verónica Hernández Valdés, informó que la dependencia inició un proceso de verificación de contratistas por posible falsificación de domicilios fiscales, según han evidenciado las tres entregas de Cimientos de Corrupción, investigación publicada por Criterio.

“Ya estamos checando, desde la semana pasada, los domicilios que reportan. Sacamos los expedientes de estos contratistas y estamos visitándolos, tanto a los de Mineral de la Reforma como a los de Ixmiquilpan y Huejutla”, aseveró.

La funcionaria estatal explicó que el procedimiento inicia con la comprobación, y si se corrobora que el domicilio fiscal que las empresas reportan en la solicitud de inscripción al padrón es falso, cancelarán su registro.

“No podemos actuar directamente con la información que saquen en medios, porque dejamos en estado de indefensión a la persona física o moral”, aseveró Hernández Valdés.

Agregó que el proceso que se debe seguir es notificar a los presuntos involucrados.

“Una vez que tengamos el acta de hechos, donde confirmamos que el domicilio no coincide, iniciamos el proceso de cancelación, y obviamente se le da su tiempo para que (las empresas señaladas) exhiban pruebas”, indicó.

La encargada del despacho de la Contraloría señaló que –por el momento– serán dos personas las que realicen la verificación de los domicilios señalados.

“Mientras sea dentro del estado, con dos personas es suficiente, y tal vez tengamos la respuesta a esas indagatorias en dos semanas máximo”, estimó.

Según la funcionaria, la de-pendencia estatal no actúa de buena fe ni es omisa en verificar la información que los contratistas les allegan para obtener su registro de proveedores.

“No hay ninguna buena fe. Cuando llega el solicitante y entrega su documentación, nosotros la revisamos y tenemos que verificar que se apegue a lo que exige la Ley de Obras Públicas (y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo). ¿Qué nos dice la ley en cuanto al domicilio? Nos pide comprobante de domicilio y tenemos que confirmar que coincida con la constancia de situación fiscal del contribuyente –sea persona física o persona moral–, de esa manera nosotros corroboramos”, explicó.

Agregó que, si bien se tienen facultades para revisar en cualquier momento la dirección fiscal, “por eso es que a partir de esta denuncia vamos a revisar estos domicilios, pero el solicitante firma bajo protesta de decir verdad que la documentación que está entregando es fidedigna. Con la constancia de situación fiscal y del domicilio es procedente para obtener su inscripción al padrón de contratistas”, detalló Hernández Valdés.

Sobre la sanción a que se harían acreedores los involucrados por no estar sus instalaciones en las direcciones indicadas, afirmó que será “la cancelación del padrón, en el caso de los contratistas por seis años, y si son proveedores, cancelación por cinco años”.

“La empresa no va a poder participar en procedimientos estatales o municipales; en el tema federal sí, pues no se solicita el padrón”, añadió.

LA SANCIÓN

Cancelación del padrón por seis años, en el caso de los contratistas, y cinco años, a proveedores, son las sanciones a que se pueden hacer acreedores quienes falseen información para darse de alta en el registro estatal de proveedores

TRES CASOS

De septiembre de 2016 a diciembre de 2017, el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, solo licitó conforme a la ley 12 de 116 obras, para lo cual dispuso de manera irregular de 54 millones 168 mil 216 pesos, lo que representa 66 por ciento del dinero ejercido en obra por 15 meses, como documentó la primera entrega de Cimientos de Corrupción, publicada por Criterio el pasado 11 de junio

En Ixmiquilpan, el presidente municipal Pascual Charrez Pedraza destinó cerca de 150 millones de pesos a contratos que se adjudicaron de manera directa y por invitación a contratistas seleccionados por el ayuntamiento. Así lo informó este medio el 18 de junio, en la segunda entrega de la investigación periodística

El alcalde de Huejutla, Raúl Badillo Ramírez, repartió entre 25 empresas o contratistas, algunos ligados entre sí, 138 obras públicas durante sus primeros 16 meses de trabajo; Criterio investigó los domicilios fiscales de los mismos y encontró que entre ellos hay casas habitación, locales comerciales y un terreno baldío, ubicados en Huejutla, Pachuca y Mineral de la Reforma, como detalla la tercera entrega de Cimientos de Corrupción, publicada ayer

Emmanuel Rincón I Pachuca

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2 Comentarios

  1. Y cuándo le dan una revisadita a Tula de Allende, puro negocio de los mismos que están dentro de PRESI y secuaces!

  2. En el caso de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo, sería bueno revisar el trillado término -usado también en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo- llamado “Estado de Indefensión”, ya que es un término usado y válido en el “Derecho Procesal”, según la Enciclopedia Jurídica define éste término como: Situación en la que queda una parte del proceso cuando se le impide el ejercicio de un derecho de naturaleza procesal, anulando o restringiendo, total o parcialmente, sus oportunidades de defensa. Es decir, el término sólo se permite cuando una persona ya acusada de un delito se encuentra vinculada a proceso, en el caso que refiere la encarga del despacho de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo, en cuanto la justificación del por qué no se actúa rápido si ya se constató de que 8 empresas operan con domicilios fiscales falsos, deberá reconsiderar el término “Estado de indefensión”, ya que por la rendija de ese tan trillado termino dentro de los órganos de fiscalización locales, se filtra la complicidad y la ineficacia de las instituciones encargadas de transparentar los recursos públicos, para facilitar el camino del nepotismo, compadrazgo, enriquecimientos ilícitos, malversación de fondos y programas, etc. ¡Es hora de actuar rápido!

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