La Casa Blanca aseguró este miércoles que designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales sería inútil pues dicha designación no agregaría nuevas facultades para combatirlos.
Apenas en enero de este año, la oposición republicana en el Capitolio revivió una vieja propuesta de Ley que data de 2011 para incluir a los cárteles mexicanos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Designar a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tengamos ya en este momento”, dijo Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca
“Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotraficantes y las personas y entidades que las habilitan, por lo que no hemos tenido miedo de usarlas” añadió la vocera.
Actualmente, los cárteles mexicanos del narcotráfico ya están designados bajo dos estatutos que les imponen sanciones similares a las entidades terroristas: primero la Ley de Cabecillas del Narcotráfico (Ley Kingpin) y la Lista de Objetivos Consolidados Prioritarios (CPOT) del Departamento de Justicia de EU.
Bajo las designaciones vigentes contra los cárteles según estas últimas listas, el Gobierno de EU cuenta ya con las mismas capacidades contra los cárteles mexicanos que una designación terrorista les daría: congelar bienes bajo su jurisdicción, prohibir la entrada a su territorio y establecer sanciones pecunarias.
Santiago Aguileta Ibarra
Agencia Reforma
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Al iniciar su juicio de extradición, Ovidio Guzmán López “El Ratón” afirmó que las autoridades federales se equivocaron con su captura, pues él no es el hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán que reclaman los Estados Unidos para juzgarlo por narcotráfico.
En una audiencia celebrada este martes, se reveló que Estados Unidos presentó la petición formal de su extradición con base en dos nuevas acusaciones presentadas en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.