En el nuevo gobierno de San Luis Potosí, no solo el mandatario Ricardo Gallardo Cardona está cuestionado por presuntos actos de corrupción, pues integrantes de su gabinete también tienen señalamientos por desvíos millonarios.
Entre ellos está José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de gobierno, quien cuando era diputado estuvo involucrado en la limpia de cuentas públicas municipales a cambio de moches, todo desde la presidencia de la Comisión de Vigilancia Legislatura local del 2015 al 2018, cargo al cual pidió licencia durante seis meses mientras se llevaban a cabo las investigaciones de la llamada ‘Ecuación Corrupta’.
Otro es Ignacio Segura Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), quien cuando fue dirigente estatal del PRD fue acusado de desviar 15 millones de pesos a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y posteriormente fue expulsado por actos de corrupción, traición al partido y enriquecimiento ilícito en junio de 2020.
Segura Morquecho en su nuevo cargo podría tener acceso a una bolsa de 10 mil millones de pesos para programas sociales, de acuerdo con lo expuesto por Gallardo Cardona.
A Noé Lara Enríquez, nuevo oficial mayor, lo involucran con Sandra Sánchez Ruiz, titular de empresa fantasma Comercializadora Sanfer, la cual facturó más de 70 millones de pesos a los Ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, encabezados por Gilberto Hernández y Ricardo Gallardo Juárez, respectivamente.
La administración de Ricardo Gallardo Juárez, padre del actual gobernador, pretendió justificarlos con 30 facturas elaboradas todas el 4 de mayo de 2016 (para comprobar gastos realizados entre noviembre de 2015 y febrero de 2016), las cuales se emitieron en un lapso de 18 minutos.
José Luis Urban Ocampo, regresa a la titularidad de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), cargo que desempeñó en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández hasta abril de 2015, cuando fue cesado luego de que fuera exhibido en conversaciones telefónicas en las que se confabula con el entonces candidato del PAN a alcalde de Soledad de Graciano, Juan Carlos Velázquez, para atacar públicamente al PRD y sugerir vínculos de este partido con el crimen organizado en ese municipio.
Durante su gestión a cargo de la Policía Estatal, se le emitieron varias recomendaciones por violaciones a derechos humanos atribuidos a elementos estatales por abusos policiacos de distinta índole, algunas de las cuales se aceptaron en su momento.
Además de arroparse con los perfiles cuestionados, Gallardo Cardona incumplió su promesa de un Gabinete con equidad de género, pues de 15 integrantes, solo 3 son mujeres.
Staff I Agencia Reforma
