Ana Lara Vargas, integrante de la Colectiva de Mujeres contra la Violencia, planteó que la edil de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, podría despedir a funcionarios de su administración para demostrar que reconoce la responsabilidad del ayuntamiento en el caso del asesinato de Olayet Cabrera.

Sugirió que la primera persona en ser removida sea el tesorero Julio Daniel Reyes Rivero, pues la activista afirmó que la administración municipal fue omisa en proporcionar a la familia de Olayet los videos de los últimos momentos que permaneció en Casa Rule; además, dijo que es evidente que no se cuenta con los protocolos de protección para una trabajadora que fue enviada a recoger dinero en efectivo.

“La señora (mamá) de Olayet tuvo que estar peleando por los videos, porque no se los querían enseñar y en esos videos aparecía la asesina, los estuvieron guardando de tal manera que, incluso, la intentaron proteger”, consideró Lara Vargas.

La activista estimó que es correcto plantear la acusación como homicidio calificado, opinión con la que discrepó Ingrid Baños Guerrero, de la organización de la sociedad civil (OSC) Yo te Creo, quien consideró que se debe juzgar como feminicidio.

AUTORIDADES FUERON INSENSIBLES: ACTIVISTA

Sobre la dilación entre la desaparición de Cabrera y la confirmación de su homicidio, Baños Guerrero consideró que el tiempo fue excesivo y lacerante para la familia, además de que faltó sensibilidad a las autoridades

Yuvenil Torres I Pachuca

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