Evitar que un presunto violador sea gobernador fue la demanda que legisladores de diversas fracciones llevaron a la tribuna de San Lázaro durante la sesión solemne por el Día Internacional de la Mujer.

Diputadas del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano e incluso del Partido del Trabajo, aliado de Morena, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido dejar de proteger a Félix Salgado Macedonio, ya que los agresores no deben llegar al poder.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, reprochó al presidente que a pesar de que la pandemia golpeó más fuerte a las mujeres, estas quedaron huérfanas del apoyo del gobierno federal, que prefirió priorizar sus programas sociales y las “dádivas”.

Juárez afirmó que las mujeres mexicanas no solo sufren las crisis sanitaria y económica, sino también la visión de un presidente “que desconoce el pacto patriarcal y que defiende a Félix Salgado, ese presunto violador, revictimizando a las mujeres que valientemente se atrevieron a denunciar”.

Asimismo, acusó a las mujeres del gabinete de bajar la cabeza para no perder el sueldo que les cuesta su dignidad.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, advirtió que hoy el clamor es más fuerte.
Acompañada por legisladoras que portaban carteles con las leyendas “#NoEsNo” y “#NoEstamosTodas”, sostuvo que para transformar al poder no debe haber ningún agresor en el poder.

“Para transformar el poder, un violador no puede ser gobernador”, dijo.

La panista Cecilia Patrón dijo que como sociedad no se puede permitir que un personaje como Félix Salgado Macedonio sea candidato, porque hacerlo defraudaría al movimiento feminista y comprometería el futuro de
las niñas.

La diputada del PRI Sara Rocha advirtió que ningún gobierno puede llamarse feminista si elimina las estancias infantiles, reduce el presupuesto para programas de atención a la violencia y elimina el Seguro Popular, limitando su acceso a la salud.

Clementina Dekker, del PT, aseguró que la Legislatura de la paridad de género impulsó la iniciativa 3 de 3 contra la violencia política, para que quienes tengan denuncias o sentencias como deudores alimentarios, acosadores o agresores por razón de género no puedan aspirar a ningún cargo público.

Martha Martínez
Agencia Reforma