INE multa al PRI con 98 mdp por la Operación Safiro

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INEmultó al PRI con casi 98 millones de pesos por la ejecución de la Operación Safiro en Chihuahua, en la que se detectó la triangulación de 39 millones de pesos que salieron de la administración del exgobernador César Duarte y terminaron en las arcas del partido.

Pese a la insistencia de los representantes del PRI, Hiram Hernández y Marco Mendoza, y de los consejeros electorales Adriana Favela y Uuc-Kib Espadas, de regresar la investigación a la Comisión de Fiscalización, la multa fue aprobada por nueve votos a favor y dos en contra, de Favela y Espadas.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE documentó la triangulación de 39 millones 166 mil pesos que salieron de la Secretaría de Hacienda local durante la administración de Duarte y que fueron entregados al Comité Estatal del PRI en Chihuahua, institución que los usó para el pago de nómina de los 65 comités municipales, cubrir los gastos ordinarios del partido, dispendio de apoyos a deportistas para acudir a eventos nacionales e internacionales, y otorgar subvenciones para personas que padecían alguna enfermedad.

De acuerdo con el proyecto de resolución aprobado, se documentó que en 2015 la Dirección de Recursos Humanos, perteneciente a la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua, emitió 12 cheques mensuales, cuyos montos rondaban los 3 millones de pesos.

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Los cheques fueron soportados con recursos de la cuenta bancaria de BBVA Bancomer perteneciente a la secretaría, que estaba destinada para el pago de compensaciones salariales a los empleados del gobierno del estado, las cuales fueron retenidas ilegalmente a los servidores públicos.

Los recursos provenientes de los cheques fueron depositados a otra cuenta bancaria del mismo banco perteneciente a la empresa Servicio Pan Americano de Protección. Al hacer efectivo el dinero, el personal de la corporación lo regresaba a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Joaquín Francisco Hernández Vega, quien lo resguardaba en las cajas fuertes de la bóveda de la propia Tesorería del gobierno estatal.

También se encontró que Hernández Vega entregó personalmente el dinero en efectivo a Pedro Mauli Romero Chávez, representante de Finanzas del PRI en el estado, bajo el concepto de “apoyo extraordinario”, por un monto total por 39 millones 166 mil pesos, en las propias instalaciones del gobierno estatal. Al recibir el dinero público, Romero Chávez firmó a cambio 13 recibos simples.

Los recursos provenientes del erario fueron entregados desde el 30 de enero al 18 de diciembre de 2015. En ese año, se realizaron comicios federales para la elección de los diputados federales y en 2016 se organizaron procesos electorales para la renovación de la gubernatura de Chihuahua, los 67 ayuntamientos y 33 diputaciones locales.

La investigación sobre el desvío de los recursos de la Operación Safiro en Chihuahua tomó cinco años a la Unidad Técnica de Fiscalización.

Y, al final, el Consejo General del INE impuso una multa por 97 millones 916 mil 665 pesos, con lo que se le reducirá el 25% de la ministración mensual que recibe el partido tricolor en el concepto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar el monto establecido.

De acuerdo con una investigación del equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Operación Safiro también ocurrió en otras seis entidades más, en las que se desviaron 650 millones de pesos a través de empresas fantasmas, dinero que fue utilizado para el financiamiento de campañas electorales priistas.

Durante la sesión extraordinaria de ayer, los representantes del PRI ante el INE insistieron en diferentes ocasiones en que la investigación se regresara a la Comisión de Fiscalización, solicitud rechazada por la mayoría de los consejeros.

El argumento principal que presentaron los priistas por más de dos horas fue que la investigación de la UTF se basaba en el testimonio de Romero Chávez, que presuntamente se obtuvo bajo tortura.

“Este caso se trató de una confesión arrancada con violencia y hay elementos de la carpeta penal que se están tomando en cuenta para la sanción, creo que sería una grave equivocación”, insistió Marco Mendoza.

Los priistas insistieron en que el caso de tortura fuera considerado en la indagatoria, pues aún había tiempo para continuar con la investigación, debido a que la fecha límite de conclusión era en noviembre próximo.

En tanto, Hiram Hernández insistió en que el INE carecía de pruebas que acreditaran que el dinero en efectivo ingresó a las arcas del PRI en Chihuahua.

“En el expediente no existe prueba, indicio, recibo, estado de cuenta, transferencia bancaria o testimonio alguno que permita desprender que durante el año 2015 a las finanzas del PRI hubiesen ingresado recursos provenientes del gobierno local recibidos por el entonces secretario de Finanzas del PRI estatal”, defendió.

Así, en sus intervenciones, Mendoza expuso que la multa por casi 98 millones de pesos afectaría la operación del partido político.

Con información de Animal Político 

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