El Consejo General del INE aprobó esta tarde dos acuerdos mediante los cuales se cierran las investigaciones por el presunto financiamiento ilegal a las campañas del PRI, tanto por el caso Odebrecht en 2012, como por la Operación Safiro en 2016, lo que implica que no se sancione al partido por estos hechos.
En el caso Odebrecht, la Comisión de Fiscalización se vio imposibilitada a profundizar sus indagatorias por la negativa de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a proporcionar la información solicitada.
“Derivado de la revisión de las contabilidades del PRI, no se detectaron aportaciones en especie o en dinero específicamente de Emilio Lozoya Austin ni de 51 personas probablemente vinculadas con los hechos denunciados, a los procesos electorales federal 2011-2012 y local del Estado de México 2016-2017”, concluyó la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Esta investigación derivó de quejas presentadas hace 10 y 6 años por los partidos Morena y PRD, en contra de dirigentes, candidatos priistas y funcionarios, entre los que se encontraban el expresidente Enrique Peña Nieto, el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.
Durante las investigaciones, el INE hizo al menos cuatro solicitudes formales a la FGR, que incluso recurrió al Poder Judicial para impedir que se le obligara a entregar la información. Recientemente, el Tribunal Electoral falló en contra de la FGR y le ordenó entregar la información solicitada a la autoridad electoral, pero dicha sentencia no fue cumplida.
En la discusión de este proyecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, lamentó que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) haya encontrado obstáculos permanentes a su labor de investigación, y se anticipó a las críticas, afirmando que algunos de los que acostumbran descalificar al INE están al frente de instituciones que decidieron no colaborar en las indagatorias.
Operación Safiro
En el caso de la Operación Safiro, consistente en desvíos millonarios del gobierno de Chihuahua a las campañas del PRI en 2016, la investigación de la UTF describe detalladamente la triangulación de recursos del gobierno federal y local a través de empresas fachada.
Originalmente, la UTF proponía declarar fundado el caso de financiamiento ilegal al PRI y, al detectarse un presunto financiamiento ilegal por 250 millones de pesos, la multa que le hubiera correspondido al partido ascendía a 500 millones de pesos.
Sin embargo, en la Comisión de Fiscalización se impuso por mayoría de votos el criterio de declarar infundada la queja, y así fue presentado el proyecto al Consejo General.
Durante la discusión del proyecto, el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, reiteró su postura en favor de sancionar al partido, al considerar que está suficientemente probado que los recursos desviados del gobierno de César Duarte en Chihuahua llegaron a las campañas del PRI en otros estados.
Pero finalmente votaron a favor del proyecto que “perdona” al PRI siete consejeras y consejeros: Adriana Favela, Dania Ravel, Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, Lorenzo Córdova, José Roberto Ruiz Saldaña y Uuc-kib Espadas. En contra votaron Claudia Zavala, Ciro Murayama, Jaime Rivera y Martín Faz.
La Operación Safiro se convirtió en un caso electoral a partir de quejas presentadas por Morena, PAN y PRD en el año 2017, en las que se acusó al PRI de financiamiento ilegal utilizando el método de triangulación de recursos a través de un convenio denominado “Fortalecimiento Financiero”, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal y la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal.
