En su investigación contra el gremio científico, la Fiscalía General de la República (FGR) rastrea arrendamientos, licencias de conducir, altas y bajas de placas y hasta tenencia y declaraciones fiscales, sin haber informes de operaciones inusuales relevantes, a fin de hallar alguna irregularidad o delito.
Documentos a los que Grupo Reforma tuvo acceso, indican que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) giró oficios a las Secretarías de Movilidad y de Administración y Finanzas de la CDMX, así como al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, para requerirles dicha información.
El 25 de agosto y el 22 de septiembre del año pasado, un juez federal rechazó ordenar las aprehensiones de 31 académicos y científicos del Conacyt a quienes la fiscalía pretendía recluir en el penal del Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y lavado.
La tesis de la FGR es que, de enero de 2013 a junio de 2019, el Conacyt transfirió ilegalmente 244 millones de pesos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), en virtud de que fue constituido como una asociación civil ajena a la estructura orgánica del consejo y antes de tener su propio estatuto.
Tras los reveses judiciales, la fiscalía decidió rastrear información de los indiciados, incluidos el FCCyT y el Centro Laving para el Desarrollo de Innovación y Transferencia Tecnológica, que va más allá de la transferencia del Conacyt.
“No omito manifestar que, para el caso de no contar con la información requerida en el periodo solicitado (2013-2020), le pido se realice una búsqueda de los históricos de su base de datos de información electrónica o algún otro medio que permita conocer la existencia de datos relacionados con el ámbito de sus atribuciones”, dice el oficio enviado a la jefa del SAT, a quien solicitaron la información fiscal de los implicados, sin que exista una querella ni carpeta de investigación por defraudación al fisco.
A la Secretaría de Movilidad capitalina, la fiscalía le pidió realizar “una minuciosa búsqueda en su base de datos e informe si cuenta con licencias, RFC, domicilios, altas y baja de placas, entre otros”.
Abel Barajas | Agencia Reforma