Cuando estaba en campaña, el ahora gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, propuso en su plan de seguridad generar una base de datos contra la delincuencia organizada, depurar la Fiscalía y reducir la impunidad en los homicidios, entonces de más del 70 por ciento.

En su programa presentó un análisis de impunidad en ese delito en Jalisco desde 1997 a 2016. Los mejores resultados eran de 2004, cuando hubo un 30 por ciento de casos sin resolver, y el peor era de 2016, con el 70.6, según datos del Inegi, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Consejo de la Judicatura.

El plan era revertir con inteligencia y capacidad de investigación los homicidios dolosos, pero el estudio de Impunidad Cero más reciente, con cifras de 2019, señala que los asesinatos sin castigo suman el 86.2 por ciento.

Esto significa que en el 13.8 por ciento de los casos hubo detenidos, un proceso penal y una decisión del juez para alcanzar la justicia, y es la segunda peor cifra solo superada por el 88.5 de casos sin resolver alcanzado
en 2018.

Contrario a su mensaje del domingo, en el que señaló que el gobierno federal debe dar la casa en casos de delincuencia organizada, en su plan mencionaba también una estrategia —que no se ha llevado a cabo— contra la violencia ligada con el narcotráfico y narcomenudeo.

“El creciente predominio del narcotráfico y narcomenudeo y su cauda de delitos y violencia; la escalada en atrocidad y violencia; el infierno de los desaparecidos y el dolor de sus familias, solo son concebibles frente al contubernio, el vacío institucional y la nula capacidad de disuasión por parte de las autoridades.

“Desarrollaremos el Sistema de Información e Inteligencia para el Combate de la Delincuencia Organizada, integrando todos los sistemas de información”, se lee en el proyecto de Alfaro.

El homicidio doloso es un delito del fuero común, lo que significa que será investigado por las fiscalías de cada estado, en este caso, la de Jalisco.

En el artículo 73 de la Constitución mexicana se establece que la Federación puede atraer algunos casos del fuero común cuando estén ligados con delitos del fuero federal, como lo es la delincuencia organizada.

Enrique Osorio
Agencia Reforma