La prohibición de subcontratar personal de manera abusiva también será aplicada al gobierno mediante una modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, planteó ayer la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

“La indicación y la instrucción del presidente es que se tiene que gobernar con el ejemplo. Entonces, la iniciativa también será acompañada de una modificación a la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que regulará la subcontratación, de igual manera del sector público y el sector privado”, explicó en una conversación por internet con los diputados de Movimiento Ciudadano.

La funcionaria tituló su presentación: Combate a la subcontratación abusiva, y detalló que la reforma que podría aprobar el Senado en febrero prohíbe la subcontratación de personal, la cual consiste, dijo, en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Sin embargo, aclaró que la reforma sí permite la prestación de servicios especializados que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos, por lo cual se requerirá autorización de parte de la secretaría y que la empresa subcontratada se registre en un padrón público.

La propuesta, refirió, permite la participación de intermediarios y agencias de empleo en la contratación, selección, entrenamiento y capacitación del personal, pero en ningún caso el intermediario se
considerará patrón.

El 12 de noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de reforma que busca prohibir la subcontratación de personal, modificar la contratación de servicios especializados y endurecer el castigo a empresas por violar la ley.

La iniciativa, que será analizada en febrero por el legislativo, plantea modificar y/o armonizar las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del ISR, del IVA, así como el Código Fiscal.

En diciembre, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que, aunque López Obrador había emprendido una cruzada contra el outsourcing, su gobierno había pagado 185 millones de pesos para la subcontratación de trabajadores de limpieza por la empresa Decoaro y Supervisión SA de CV. Tras ventilarse la noticia, a la compañía ya no se le renovó el contrato.

Staff l Agencia Reforma