El Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) ordenó dar acceso público a seis carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió contra Pío López Obrador, hermano del Presidente, investigado por recibir dinero en efectivo.

Ante la orden del Pleno del INAI, dictada en sesión del 17 de agosto, López Obrador presentó el 26 de septiembre una demanda de amparo.

Sandra de Jesús Zúñiga, Jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, requirió tres días después al quejoso para aclarar si existe otra demanda sobre el mismo tema en un juzgado de amparo penal. Es previsible que, si admite, el amparo la jueza concederá una suspensión para frenar la orden del INAI mientras se litiga el juicio.

La FGR había clasificado como confidencial la información, e incluso rechazo confirmar la existencia o inexistencia de denuncias, que, en este caso, son públicamente conocidas desde agosto de 2020, cuando se difundieron videos de López Obrador recibiendo dinero de David León, operador del entonces Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

“El delito atribuido a Pío Lorenzo López Obrador tiene implicaciones directas con la vida política del país, pues a través de las conductas que encuadran el tipo penal de referencia, se podría beneficiar de manera indebida y/o ilícita a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, en detrimento de otro u otros partidos o asociaciones políticas y, consecuentemente, de los gobernados”, afirmo el INAI, al modificar la respuesta de la FGR.

“Este Organismo considera que se encuentra justificado el que se privilegie el derecho de acceso a la información en virtud del interés público de conocer si efectivamente se investigan las denuncias presentadas en contra de Pío Lorenzo López Obrador. En el mismo sentido, la difusión de la información requerida reviste un claro interés público, puesto que existe una necesidad colectiva de conocer y evaluar qué sucedió con las supuestas aportaciones a un partido en específico”, agrego.

La orden es para entregar versiones publicas de las carpetas, en las que tendrían que suprimirse los datos confidenciales.

Desde principios de 2022, la FGR también se opuso sistemáticamente a entregar las carpetas contra López Obrador a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), e incluso promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, lo que congeló el asunto durante más de cuatro meses.

Finalmente, la Corte desechó esta controversia el pasado 31 de agosto, unos días después de que el propio Pío López Obrador entregó voluntariamente al INE copias de las carpetas.

Ahora, ante la orden del INAI, que es para dar acceso a un ciudadano solicitante, y no a una autoridad que tiene que actuar bajo reserva como el INE, la FGR también podría intentar una controversia ante la Corte, aunque hasta ahora no lo ha hecho.

La FGR ha sostenido que la legislación penal solo permite acceso a las carpetas a los imputados y las victimas o sus representantes.

Víctor Fuentes
Agencia Reforma