Un juez federal de Puebla admitió a trámite una demanda de amparo que impugna la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno.
Sin embargo, rechazó conceder una suspensión provisional para frenar ese proceso o para que se dé preferencia a médicos certificados por las autoridades educativas nacionales.
José Luis Evaristo Villegas, juez segundo en materia de Amparo Administrativo del Sexto Circuito, admitió el miércoles pasado una demanda promovida por Fernando Castillo Pacheco, un abogado de Puebla, por lo que el gobierno federal deberá rendir informes y defender la constitucionalidad de los acuerdos que tenga con su similar de Cuba.
La presidencia de la República y las secretarias de Relaciones Exteriores (SRE) y Salud (Ssa) son las que deberán rendir informes al juzgado.
“De todas las autoridades reclamo, en el ámbito de sus funciones, la suscripción de un convenio, acuerdo o contrato con el gobierno de la República de Cuba, por virtud del cual un grupo de médicos formados en dicho país habrá de trasladarse a territorio nacional a brindar servicios de atención médica a la población.
“Sin que se haya cerciorado de su calidad de médicos, se hayan homologado sus estudios, conforme a la normatividad de la materia, sin que tengan conocimiento de la incidencia de enfermedades entre la población mexicana, ni conocimiento de las enfermedades endémicas de nuestro país y sus diversas regiones”, refiere la demanda.
Agrega que la contratación es irregular, al favorecer las condiciones de esclavitud moderna e incluso trata de personas, actos a los que nuestro país se encuentra obligado, por diversos tratados internacionales, a combatir frontalmente.
El juez consideró que, por ahora, es un hecho público que todavía no existe un convenio con Cuba con las características que menciona el amparo, por lo que negó la suspensión.
Sin embargo, la Ssa informó la semana pasada que ya existe un acuerdo en materia de salud con Cuba, con vigencia de dos años, para la formación de especialistas e investigación, que también incluye el envío de médicos entre ambos países.
Este miércoles, Castillo presentó un recurso de queja para que un tribunal colegiado revise la negativa de suspensión provisional, mientras que el juez resolverá el 1 de junio sobre la suspensión definitiva.
Mientras no se dicte alguna suspensión, el trámite del amparo no afectará ni impedirá la eventual contratación de 500 médicos anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de su visita a Cuba.
Una eventual sentencia de fondo, para determinar si la contratación es ilegal o viola la Constitución, puede tomar de seis meses a un año.
Víctor Fuentes
Agencia Reforma
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