Grandes empresas promovueven amparos para impugnar el “electrolinazo”, el aumento de entre 407 y 775 por ciento en las tarifas de transmisión que plantas privadas tienen que pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las inconformes son corporaciones que no tienen sus operaciones primarias en el sector energético, como Grupo Bimbo y todas sus filiales: Mondelez, Peñoles, Sanborns, BioPappel Scribe, Nissan, Manantiales Peñafiel y Suburbia, entre otras, que son clientas de generadoras privadas, o tienen
plantas propias.

Los amparos, promovidos desde finales de agosto, cuestionan la resolución 893/2020 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que el 10 de junio autorizó a la CFE aumentar tarifas a productores privados de energías renovables o cogeneración, que tenía contratos previos a la reforma de 2014. Las empresas privadas que producen energía impugnaron de inmediato esta resolución y han obtenido más de 50 suspensiones para seguir pagando las tarifas anteriores, siempre y cuando garanticen a CFE, mediante fianza, la diferencia con la nueva tarifa.

Los amparos más recientes son de empresas asociadas a los permisos de estas generadoras, que usualmente cobran tarifas industriales menores que las de CFE, o de firmas que invirtieron en sus propias plantas.

Sanborns, por ejemplo, obtuvo una suspensión definitiva para seguir pagando las tarifas previas de transmisión a CFE, a cargo de seis filiales, que en 2014 iniciaron la operación de cinco mini centrales eléctricas que abastecen las tiendas de esa cadena comercial y algunas de Sears.

Bimbo litiga en varios frentes. Por una parte, el 21 de septiembre obtuvo una suspensión provisional, que le permite hacer pruebas preparatorias para conectar su propia planta al Sistema Eléctrico Nacional, y por otra, impugnó con sus filiales, como Barcel y Ricolino, el aumento de tarifas.

Para BioPappel Scribe, la CFE pidió una garantía de 12 millones de pesos y para Suburbia de dos millones, de tal manera que puedan seguir pagando la tarifa previa mientras se resuelve
su amparo.

No todos los amparos han sido admitidos. El juez Juan Pablo Gómez Fierro desechó los de Mondelez, Nissan e Infraestructura Peñoles, por considerar que la resolución de la CRE no les afecta directamente.

“La quejosa es usuaria final de una empresa generadora, y el monto que paga por la energía que le suministra, con independencia de la manera en la que sea determinado, es una contraprestación que deriva de un contrato privado, por lo que no tiene algún tipo de interés para impugnar la regulación aplicable a la generadora”, resolvió el juez, cuyo criterio ya está a revisión en un tribunal colegiado

Staff l Agencia Reforma