La asociación Vecinos del Cerro de la Cruz, de Tlahuelilpan, solicitó una audiencia con el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, por la presunta injerencia de funcionarios estatales en el proceso de escrituración de predios de los pobladores de ese sector.
De acuerdo con Ramiro Lozano Hernández, presidente del grupo, buscan “aclarar las malas decisiones y el comportamiento arbitrario” de los servidores públicos.
El quejoso responsabilizó al director de la Policía Industrial Bancaria (PIB), Rodrigo León Cerón, y al subsecretario de Gobernación, Juan Luis Lomelí Plascencia, de dichas acciones.
Al primero lo acusó de una presunta malversación de 2.5 millones de pesos, así como de pretender generar un enfrentamiento entre los pobladores de la zona y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); al segundo, de pretender dar títulos ejidales en lugar de escrituras.
El representante vecinal afirmó que el pasado 31 de julio se reunió con el subsecretario de Gobierno para solicitar fecha de inicio de la protocolización de los documentos faltantes.
Narró que, ese día, Lomelí Plascencia llamó por teléfono a un funcionario federal del Registro Agrario Nacional (RAN), a quien preguntó en qué tiempo se podían entregar los títulos.
“Después le colgar le cuestioné: ¿Por qué títulos?, tú nos has dicho a todos que serán escrituras públicas. Y si digo que a todos, es porque así nos has dicho ante colonos, así nos lo pediste informar en la colonia.
“Pero, en forma prepotente, me respondió: ‘Serán títulos ejidales, entiéndelo. Si quieres escrituras públicas, hazlas; las consecuencias serán tuyas. Y si no estás de acuerdo, hazle como quieras’”, contó el afectado.
Por lo anterior, Lozano Hernández considera que debe ser el gobernador del estado quien resuelva el conflicto.
Emmanuel Rincón l Pachuca