La iniciativa busca reforzar la supervisión técnica y prevenir fallas en atracciones
Tras una serie de accidentes registrados en juegos mecánicos en ferias y festividades, en el Congreso de Hidalgo fue presentada una iniciativa para endurecer las reglas de operación de estas atracciones, con el objetivo de evitar fallas estructurales, mantenimiento deficiente y supervisión limitada que han puesto en riesgo a la población.
La propuesta, impulsada por la diputada Yarabi González Martínez, plantea modificar la Ley de Protección Civil y la Ley Orgánica Municipal para establecer controles más estrictos, desde la instalación hasta la operación de los juegos, los cuales dejarían de ser considerados estructuras temporales y pasarían a ser tratados como instalaciones de riesgo que requieren supervisión técnica especializada.
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Entre los principales cambios, se contempla la prohibición de piezas improvisadas o adaptaciones no certificadas, una práctica que, de acuerdo con la exposición de motivos, ha sido una de las principales causas de accidentes en este tipo de atracciones.
En su lugar, se obligaría a los operadores a utilizar únicamente componentes originales de fábrica y a cumplir con los estándares establecidos por los fabricantes.
Además, la iniciativa establece como requisito indispensable la presentación de un dictamen técnico emitido por especialistas independientes, quienes deberán avalar la seguridad estructural y operativa de los juegos antes de que puedan funcionar. A esto se suma la obligación de llevar bitácoras de mantenimiento diario, con el fin de detectar fallas de manera oportuna.
Otro de los puntos clave es la exigencia de una póliza de seguro de responsabilidad civil en Hidalgo, la cual deberá cubrir posibles daños a los usuarios, ya que, sin este documento, los permisos para instalar juegos mecánicos no podrán ser otorgados por los ayuntamientos.
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La propuesta también fortalece las facultades de Protección Civil, al permitirle revisar los manuales de los fabricantes para determinar la vida útil de los equipos y, en caso de detectar riesgos, ordenar su suspensión o desmantelamiento.
En paralelo, se busca cerrar vacíos en la actuación de los municipios al obligarlos a condicionar los permisos a la presentación de dictámenes técnicos y seguros, lo que pretende evitar que las ferias operen sin controles adecuados, como ha ocurrido en algunos casos en la entidad.
La iniciativa reconoce que su implementación implicará costos adicionales, principalmente por la contratación de personal especializado y la creación de mecanismos de supervisión; sin embargo, plantea que estos gastos podrán compensarse mediante cobros a operadores, registros y sanciones por incumplimiento.
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