Jorge Hernández Araus, presidente de la Comisión Instructora del Congreso de Hidalgo, aseveró que los dos expedientes de juicios políticos contra los alcaldes de Epazoyucan y Atitalaquia que están pendientes por resolver se encuentran en la fase de revisión de pruebas.
De acuerdo con el legislador, “están muy bien en tiempo” de resolver dichos procedimientos, toda vez que la ley en materia de juicio político marca que, a partir de que la comisión recibe el expediente, se tienen hasta 60 días hábiles para decidir si se avanza o no, además de que, cuando existen labores de la diputación permanente —como en agosto pasado— se suspenden los plazos.
“Es la única comisión que se maneja por tiempos, en tiempos estamos bastante bien y tenemos que resolver. Es un tema muy complicado el de los juicios políticos, además que son de secrecía”, detalló en entrevista con Criterio.
El 30 de mayo, la extesorera de Epazoyucan, Idalia Yarid Santiago Barrera, acudió a las instalaciones del Legislativo para ingresar de manera formal una solicitud para el juicio político contra el alcalde Fidel Arce Santander, ante supuestos actos constitutivos de acoso laboral, entre otros.
Por otro lado, el 5 de julio pasado se presentó otra solicitud por parte de ciudadanos de Atitalaquia, quienes solicitaron la destitución del presidente municipal Lorenzo Agustín Hernández Olguín, así como de la síndica procuradora Viridiana Cerón, seis regidores y el secretario municipal Jorge Ramírez Pérez por supuestas anomalías en cuanto al Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la demarcación, clausurado el 23 de julio por el gobierno estatal.
Irving Cruz I Pachuca
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Durante los últimos seis años, el robo de combustible, los homicidios dolosos, los secuestros, las extorsiones y el narcomenudeo, es decir, los delitos de alto impacto, cobraron relevancia en Hidalgo, que tiene la mayor incidencia nacional del primer ilícito mencionado.
Según Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) y Energy 21, al inicio de la pasada administración se detectaron 187 tomas clandestinas; sin embargo, en 2021, se hallaron 4 mil 489.
