Tras la despenalización del aborto en Hidalgo, el 30 de junio pasado, será necesario que, a partir de la inclusión del programa para la interrupción legal del embarazo (ILE) en el sistema de Salud estatal se dote de recursos humanos y financieros para hacerlo operativo.

Así lo plantea el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes, en el que considera que en el caso de Hidalgo aún es pronto para conocer el impacto real que tendrá la despenalización del aborto en el acceso de las mujeres a la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo.

No obstante, el organismo destaca que, el 30 de junio de 2021, el Congreso local despenalizó el aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación, eliminó requisitos para acceder a él por violación y reformó la Ley de Salud para incluir un programa ILE en los mismos términos que Ciudad de México.

Por otra parte, para llevar a cabo su informe, GIRE ingresó solicitudes de información a las secretarías de Salud estatales para conocer el número de abortos realizados a causa de una violación sexual entre 2010 y 2020; sin embargo, en el caso de Hidalgo, Chiapas y Quintana Roo “respondieron algo distinto a lo solicitado”.

En dicho periodo, se han llevado a cabo 487 procedimientos de aborto por casos de violación sexual en todo el país.

La asociación destaca que, en la última década, varios fueron los sucesos que marcaron la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, algunos de los cuales han representado avances e hitos; sin embargo, persisten barreras y pendientes fundamentales en esta materia en México.

Yuvenil Torres I Pachuca

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