De manera conjunta, la administración encabezada por Gadoth Tapia Benítez —quien gobernó de 2016 a 2020— y el Concejo interino, por Verónica Monroy Elizalde —de septiembre a diciembre de 2020—, tendrán que responder ante la Auditoría Superior del Estado (ASEH) por un monto de 461 mil 602.27 pesos, los cuales fueron observados a la cuenta pública de hace dos años.
El ente fiscalizador estatal dio a conocer la tercera entrega de los informes individuales de auditoría de las 33 demarcaciones que presentaron faltantes hace dos años, entre los cuales se encuentra Tula de Allende.
En su reporte, la auditoría de la entidad señaló que se determinaron 53 resultados, de los cuales 20 fueron materia de observaciones, los cuales generaron ocho recomendaciones y 10 pliegos de observaciones.
Asimismo, se detalló que el total observado fue de un millón 554 mil 411 pesos con 17 centavos, de los cuales se justificaron previamente un millón 92 808 pesos y 90 centavos, por lo que existe un pendiente de 461 mil 602.27 pesos.
También, el informe de la dependencia mencionó que los principales conceptos observados fueron: falta u omisión de documentación justificativa; conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados, además de obras y conceptos con deficiente calidad y/o con vicios ocultos.
En su edición del pasado 21 de febrero, Criterio publicó que el Poder Ejecutivo deberá aclarar a la ASEH la aplicación de 3 millones 405 mil 724.20 pesos, así como atender 149 observaciones, las cuales generaron 21 recomendaciones y cuatro pliegos de observaciones por la falta del acta de entrega-recepción de varias obras y la inoperatividad de otras.
La administración no contaba con la documentación para respaldar el gasto de 2 millones 853 mil 293.44 pesos en la partida de difusión de programas y actividades gubernamentales.
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende