Pide UNTA a Congreso de Hidalgo intervenir en conflicto por tierras en Mineral de la Reforma

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) solicitaron la intervención urgente del Congreso de Hidalgo para atender un conflicto agrario que afecta a 247 hectáreas ubicadas en los límites entre Mineral de la Reforma y Mineral del Monte.

La mañana de este martes, varios integrantes de dicha organización se manifestaron a las afueras del Poder Legislativo hidalguense para externar el problema que los aqueja desde hace varios años, aseguraron.

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El origen del problema se remonta a 2015, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) inició el proceso de enajenación de estos terrenos nacionales.

Posteriormente, explicaron que en 2020 dichas tierras fueron declaradas nacionales en beneficio de 120 posesionarios de terrenos comunales en la comunidad de Azoyatla, de Mineral de la Reforma.

Sin embargo, acusaron que un hombre de nombre Jesús Oropesa Ramos, quien se personificó como líder de la organización “Pequeños Propietarios en Defensa de las Tierras de Azoyatla”, ha despojado a quienes aseguran tener posesión legal de esas tierras.

Por ello, desde septiembre de 2024, se han iniciado carpetas de investigación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por delitos de despojo, robo, lesiones y asalto relacionados con esta disputa de predios contra Oropesa Ramos.

Incluso detallaron que el 5 de agosto, ya de este año, se abrieron nuevas carpetas de investigación derivadas de agresiones que involucraron el presunto uso de armas de fuego cerca de la comunidad del Velillo, en Mineral del Monte.

Congreso de Hidalgo recibe petición de la UNTA por conflicto agrario en Mineral de la Reforma

Ante la situación, los afectados acusaron que el despojo tiene como objetivo fraccionar los terrenos para construir asentamientos humanos en la zona. 

A casi un año de que se iniciaron las primeras carpetas, denuncian omisión y nulo progreso por parte de las autoridades, lo que permite que continúe el despojo.

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Por ello, los integrantes de la UNTA demandan la intervención inmediata del poder legislativo local para garantizar justicia y protección a los posesionarios afectados, así como para buscar una solución definitiva al conflicto que afecta a esta región.