De acuerdo con la dependencia estatal, hay 274 proveedores y contratistas que no cuentan con el registro correspondiente
Mediante el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), la Secretaría de Contraloría reiteró que en la entidad suman 274 proveedores y contratistas sancionados.
Por ello, la Contraloría solicitó a las dependencias gubernamentales, entidades de la administración pública estatal, organismos públicos autónomos y ayuntamientos abstenerse de celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios con personas físicas o morales que no cuenten con el Registro de Proveedores y Contratistas, a fin de evitar posibles malas prácticas en procedimientos de contratación derivados de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas.
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En el listado de personas sancionadas, figura el extitular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) Armando Roldán Pimentel, quien, en su periodo como servidor público, rentó a la Secretaría de la Contraloría un inmueble de su propiedad, ubicado en Zona Plateada, en Pachuca.
Al conocer el caso, el titular de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, advirtió que se trataba de un conflicto de intereses.

Posteriormente, a finales de agosto pasado, se informó, a través del POEH, que Roldán Pimentel fue cancelado del Registro de Proveedores por un periodo de cinco años; es decir, hasta el 28 de agosto de 2029.
De igual manera, en la lista se encuentra la empresa Remaco Servicios Empresariales, ligada al exoficial mayor del gobierno del estado, Martiniano V. O., quien fue vinculado a proceso por haber aprobado un contrato con un valor de 18 millones de pesos para que esta compañía surtiera crema antibacterial, durante la pandemia por coronavirus, pero no se comprobó que dicho producto haya sido entregado.
El titular de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, afirmó que, a fin de contar con un padrón “íntegro” de contratistas, cerca de mil empresas constructoras no pudieron refrendar su registro, al no cumplir con los “requisitos de integridad”.
Durante la presentación del informe de resultados de la campaña de declaración patrimonial, Bardales Ramírez explicó que, para que haya una empresa registrada en el Padrón de Proveedores y Contratistas, es necesario, entre otros requisitos, que no tenga deudas pendientes en materia de obra pública.
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Además, dijo que la Contraloría estatal cuenta con una especie de “lista negra” de proveedores y contratistas con datos de la empresa, como nombre, socios, representante legal y personal técnico, mediante la que se detectó que había constructoras que tenían cinco o seis empresas, pero con el mismo domicilio legal y mismos socios
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