De acuerdo con el padre, se encontraba involucrado en un proceso judicial para obtener la custodia compartida de sus hijos, pero su situación empeoró cuando su expareja supuestamente lo despojó de cualquier comunicación con los menores
José Eduardo Hernández Cruz lucha por recuperar la custodia de sus hijos, quienes fueron llevados a Mérida sin su consentimiento, en un caso de violencia vicaria en Pachuca, Hidalgo.
La violencia vicaria puede ser sufrida tanto por mujeres como por hombres. En este caso, un padre de familia residente de Pachuca acusó que su expareja se llevó a sus hijos a Mérida, Yucatán, sin su consentimiento, después de haber establecido una rutina de convivencia con ellos.
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Desde su separación, en diciembre pasado, José Eduardo había tenido a sus hijos con él durante los fines de semana, de viernes a lunes, cuando los entregaba para su regreso a la escuela; sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando, de manera repentina, su expareja los trasladó a Mérida sin previo aviso ni autorización.
De acuerdo con el padre, se encontraba involucrado en un proceso judicial para obtener la custodia compartida de sus hijos, pero su situación empeoró cuando su expareja supuestamente lo despojó de cualquier comunicación con los menores.

El padre aseguró que su exesposa se llevó a los niños con engaños y, a pesar de sus esfuerzos legales, ahora no puede establecer contacto con ellos, ya que incluso les han retirado el teléfono móvil. El caso es atendido por el juez del Segundo Tribunal de lo Familiar y el Ministerio Público investiga la situación.
“Mis hijos quieren estar conmigo. He estado en todo este proceso por ellos, buscando lo mejor para su bienestar”, comentó el padre, quien lamentó el impacto emocional que esta situación les ha causado.
Relató también que hace cuatro años, perdió a otro de sus hijos: “No quiero perderlos también”.
Este caso de violencia vicaria, mencionó, llegó a las autoridades correspondientes, con audios y pruebas que muestran su voluntad de involucrarse activamente en la vida de sus hijos; sin embargo, los obstáculos legales y la falta de comunicación son, dijo, una barrera para lograr la reunificación familiar.
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Agregó que, aunque está pagando un abogado para llevar a cabo el proceso judicial, siente que la ayuda adicional de organizaciones o personas comprometidas con la defensa de los derechos de los padres sería crucial para avanzar en el caso.
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