En la entidad, el juez penal tiene más presiones para actuar que el que resuelve asuntos en materia civil, pues este último es considerado más independiente, sin presiones externas para desempeñar su función o que procede por beneficios personales, reveló el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
La segunda edición del documento fue patrocinada por World Justice Project (WJP); el estudio se divide en 42 indicadores de desempeño y evalúa a los 32 estados de la República.
Señala ocho factores del estado de derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio de justicia civil y justicia penal.
Ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.50 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa mayor adhesión al estado de derecho; Hidalgo obtuvo una calificación general de 0.42; los índices más bajos fueron en justicia civil, 0.36, y gobierno abierto, 0.36.
Si bien el resultado fue que en la justicia penal se tiene un índice global de 0.41, se detalla que los jueces en materia civil tienen un puntaje mayor que los penalistas al impartir una justicia imparcial, independiente y libre de corrupción en un 0.47 y los segundos, con 0.44 puntos.
La mayor deficiencia en materia penal es una investigación eficaz, pues tienen 0.27, y en materia civil es que el acceso a la justicia no es asequible y cuenta con varios procesos burocráticos.
En los límites al poder gubernamental, la mayor deficiencia fue el contrapeso del poder judicial; en los derechos fundamentales, los hidalguenses no conocen sus derechos laborales y por ende no pueden exigirlos.
Marisol Flores
Pachuca
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