Un tribunal federal rechazó autorizar el traslado e internamiento de Gerardo Sosa Castelán en el Hospital Médica Sur, de la Ciudad de México, tras quejarse de la falta de una adecuada e integral atención médica en el penal del Altiplano.
El Primer Tribunal Colegiado Penal de Toluca concedió una suspensión de plano al expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para que le practiquen estudios de laboratorio y le suministren medicamentos para sus padecimientos de salud.
Sin embargo, el colegiado se negó a concederle la protección judicial para excarcelarlo del Altiplano y enviarlo al nosocomio de la Alcaldía de Tlalpan, por considerar que los médicos del sistema penitenciario no han sugerido que exista una necesidad imperiosa para ello.
“No es legalmente procedente otorgar ese efecto a la suspensión de plano concedida en el acto impugnado, no sólo porque de las constancias analizadas en supra líneas no se advierte la imperiosa necesidad de ejecutar dicho traslado para proporcionar la atención médica y medicamentos que el quejoso necesita para sus padecimientos”, dice el fallo.
“Habida cuenta que los médicos oficiales del centro penitenciario donde aquél está recluido únicamente solicitaron la práctica de estudios de laboratorio e intervención de ciertos médicos especialistas, más no han sugerido el traslado pretendido por la defensa bajo el supuesto excepcional de imposibilidad para proporcionarle en ese centro penitenciario la atención médica que requiere”.
La suspensión concedida precisa que le deben suministrar oportunamente los medicamentos prescritos, principalmente para la hipertensión; realizarle un electrocardiograma, rayos X de tórax, biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina.
Si lo determino el personal médico del penal, practicarle una tomografía o resonancia magnética, ultrasonido de vías urinarias, antígeno prostático, holter de presión arterial, exámenes de sangre y prueba de glucemia.
De ser necesario, darle intervención a especialistas en otorrinolaringología, traumatología, ortopedia y urología, también adscritos al centro penitenciario, para que lo valoren y en su caso, ordenen el tratamiento necesario.
Sosa Castelán pidió su excarcelación y traslado a Médica Sur, en un recurso de queja en el que alegó que las autoridades del penal del Altiplano no le suministraron debidamente los medicamentos y ni le atendieron sus nuevas afectaciones de salud.
Expuso que el 31 de agosto pasado, cuando fue ingresado a prisión, pesaba 82 kilos y hoy pesa 73 kilos; ahora, también, asegura tener dificultad para orinar, haber sufrido 5 desvanecimientos en los pasillos, tener mareos, ansiedad, problemas en la columna vertebral, miedo de levantarse y caerse, e hipertensión arterial sistemática.
Aseguró que, en una de las dos ocasiones en que recibió atención médica, los doctores le señalaron la necesidad de practicarle unos exámenes para determinar si tiene diabetes, sin embargo, le aclararon que en el penal no cuentan con el equipo para realizarle los estudios.
Su defensa por ello pidió a un juez la suspensión de plano para facilitarle el internamiento a un hospital de la capital del país, para la práctica de los estudios y ser atendido por especialistas y el equipo médico adecuado, máxime que el procesado tiene 65 años de edad.
Alegó que mantenerlo en el Altiplano en estas condiciones era equivalente a recibir un trato cruel e inhumano e implica un daño físico de imposible reparación.
El juez le dio la suspensión sólo para garantizar su medicación oportuna y acceso a los servicios de salud del penal, razón por la que Sosa Castelán presentó una queja, recurso que ahora el colegiado resolvió en los términos anotados.
Abel Barajas
Agencia Reforma
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