Llevan dos años pidiendo justicia por violación a dos menores de Zimapán

En junio de 2022, la familia Trejo Leal se vio involucrada en un proceso legal que hasta la fecha se ha convertido en uno de los casos más mediáticos de la justicia hidalguense

Imagen: Luis Godínez
 
Hace (15) meses
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Transportistas se manifestaron el miércoles pasado para exigir justicia por el caso
Foto: Juan Martínez

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Dos años y medio han transcurrido desde que dos menores de edad fueron víctimas de violación en Zimapán; desde entonces, no han podido acceder a la justicia y viven en refugios, pues los culpables del crimen siguen en libertad.

En junio de 2022, la familia Trejo Leal se vio involucrada en un proceso legal que hasta la fecha se ha convertido en uno de los casos más mediáticos de la justicia hidalguense, que aún no se ha podido resolver, pues Arturo Williams Trejo, excandidato a la alcaldía de Zimapán, y su esposa fueron denunciados por sus propias hermanas de abusar sexualmente de dos menores de edad de la familia.

Su detención se dio casi un año después, en marzo de 2023, cuando ambos fueron aprehendidos en Cancún, Quintana Roo, y presentados ante la justicia en Hidalgo, acusados de los delitos de violación equiparada y abuso sexual en agravio a sus dos sobrinas, de cinco y ocho años.

Jaqueline Trejo Leal exige justicia por sus hijas en Zimapán
Jaqueline Trejo Leal exige justicia por sus hijas en Zimapán

El acusado libró el proceso penal

Sin embargo, en audiencias iniciales, la jueza Janett Montiel Mendoza desestimó los medios de prueba y dictaminó no vincular a proceso a Arturo Williams ni a su esposa, pese a que se acreditó la comisión de la violación.

Desde entonces, el caso ha circulado por diversas vías, tanto del dominio público como en materia legal, pues a casi dos años de no ser vinculados a proceso, actualmente el caso se encuentra en tribunales federales.

Lo anterior, pues las víctimas decidieron apelar la no vinculación a proceso, por lo que un amparo para revertir dicha situación se analiza en instancias federales, donde esperan ser favorecidas y se vuelva a indagar en el proceso.

Derivado de ello, por cuestiones de seguridad y protección de su integridad, las dos menores, junto con su madre, tuvieron que irse a vivir a refugios.

Asimismo, la exigencia de justicia no ha cesado, pues con diversas pruebas se acreditó la comisión del delito contra las menores, quienes presentan severas consecuencias, afirmó la madre.

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