La ley impide embargar infraestructura pública en juicios laborales municipales, dice la STPSH
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), Óscar González, informó que el municipio de Singuilucan enfrenta al menos 23 laudos laborales a favor de extrabajadores, heredados por administraciones anteriores.
Ante ello, la alcaldesa Yazmín Dávila López ha sostenido acercamientos con los afectados para establecer convenios de pago y evitar procedimientos judiciales.
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González explicó que, si bien existe la posibilidad legal de ejecutar embargos, la legislación prohíbe usar ciertos bienes públicos como garantía, entre ellos infraestructura esencial como fosas sépticas, centros de salud o plazas públicas. Por ello, añadió, los procesos legales deben ajustarse a lo permitido por el marco jurídico.
Asimismo, indicó que la ley sí permite el embargo de cuentas municipales, siempre que estas no estén comprometidas con proyectos de obra pública.
El funcionario estatal subrayó que Singuilucan no es el único municipio con conflictos laborales heredados. De acuerdo con la STPSH, la mayoría de los 84 municipios de Hidalgo dependen en gran medida de participaciones federales, lo que limita su capacidad financiera para afrontar juicios laborales.
Solo algunos ayuntamientos cuentan con ingresos propios suficientes para cubrir estas obligaciones sin recurrir a litigios.
Por su parte, la alcaldesa Yazmín Dávila informó que su administración recibió 61 demandas laborales, las cuales representan un pasivo superior a 25 millones de pesos. Dávila responsabilizó al exalcalde Marcos Miguel Taboada Vargas por estas irregularidades, detectadas durante el proceso de entrega-recepción.
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La edil también señaló que parte de los problemas financieros del municipio están vinculados a actos de corrupción relacionados con el caso conocido como “La Estafa Siniestra”, lo que, afirmó, agravó aún más la situación económica del ayuntamiento.
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