El titular de la dependencia afirmó que en ninguno de los 12 centros penitenciarios del estado hay autogobierno, pues se encuentran “controlados” por las autoridades
A pesar de que el Informe Anual de Centros de Reinserción Social Hidalgo 2024, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), advierte que se detectaron elementos de autogobierno en este tipo de espacios, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), Salvador Cruz Neri, negó esta situación.
El funcionario estatal afirmó que en ninguno de los 12 centros penitenciarios del estado hay autogobierno, pues se encuentran “controlados” por las autoridades correspondientes; asimismo, indicó que ha realizado visitas de supervisión en Tula de Allende, Pachuca y Tulancingo.
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“Eso es mentira. La verdad es que hemos ido a cualquier Cereso. A fin de años fuimos al Cereso de Tula; antes, al de aquí, de Pachuca, y al de Tulancingo, y en ningún Cereso hay autogobierno, eso lo puedo garantizar”, afirmó Cruz Neri.
Sobre el informe de la CDHEH, que señala dicha situación, el funcionario consideró que habría que analizar los puntos que menciona, pues insistió en que ningún centro penitenciario se maneja por autogobierno.

Y respecto a la sobrepoblación en Ceresos, que también señala el informe de la CDHEH, reconoció que la hay; sin embargo, explicó que se trabaja en este rubro mediante la construcción de módulos en las cárceles de Pachuca y Tula, a efecto de abatir este aspecto.
Reconoció también que al principio de la actual administración se tenía un déficit de custodios, aspecto en el que se trabaja para contar con más elementos, aunque no detalló con cuantos cuentan.
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En su informe, la CDHEH establece que la existencia de reglamentos no es suficiente si no se implementan de manera adecuada; además, indica que es necesario que las autoridades penitenciarias aseguren que sean aplicados de manera equitativa.
La falta de capacitación de personal de seguridad y ausencia de mecanismos efectivos de supervisión pueden limitar el impacto positivo de los reglamentos, lo que debe ser atendido para garantizar su efectividad, agrega el documento.
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