La acción fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, y se dirige contra tarifas que fueron aprobadas por el Congreso de Hidalgo
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad 29/2026 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra disposiciones contenidas en las leyes de ingresos 2026 de ocho municipios de Hidalgo, al considerar que establecen tarifas excesivas y desproporcionadas que vulneran derechos de la población.
La acción fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, y se dirige contra tarifas que fueron aprobadas por el Congreso de Hidalgo.
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Uno de los principales señalamientos se relaciona con las tarifas por alumbrado público, los cuales, de acuerdo con la CNDH, no son proporcionales con el servicio que se presta. En dicho rubro, la acción de inconstitucionalidad incluye a los ayuntamientos de Acatlán, Actopan, Acaxochitlán, Agua Blanca, Ajacuba, Alfajayucan, Almoloya y Apan.

Además, la CNDH impugnó tarifas por servicios de reproducción y expedición de información, al considerar que los montos fijados representan cargas económicas excesivas para las personas que requieren documentos oficiales.
Aunado a ello, la declaratoria de inconstitucionalidad menciona que en dichos conceptos hay cobros diferenciados pese a ser los mismos servicios ofrecidos, pues por las copias certificadas, de una a cinco fojas, se establece un costo de 147 pesos en todas las demarcaciones, mientras que a partir de la sexta foja el cobro es diferente: en promedio, 29.50 pesos.
El caso más excesivo se registra en Apan, la expedición de documentos cuesta 15 pesos y las tarifas por documentos en el área de Prestación de Servicios de Desarrollo Urbano y Ecología alcanzan los 506 pesos.
En Acatlán, la expedición de documentos que obren en archivos municipales asciende a 91 pesos y los documentos en el área de Prestación de Servicios de Desarrollo Urbano y Ecología alcanzan los 362 pesos.
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En Acaxochitlán, la expedición de documentos que obran en los archivos municipales se fijó en 25 pesos, mientras que en Actopan cuesta 164 pesos y los trámites en Desarrollo Urbano y Ecología, 265 pesos.
En Agua Blanca, la expedición de documentos cuesta 95 pesos, mientras que en Ajacuba tiene un precio de 97.50 pesos.
En Alfajayucan, la expedición de documentos se fijó en 17 pesos, mientras que en Almoloya se cobran 85 pesos por el mismo concepto, además de 88.90 pesos por trámites en el área de Desarrollo Urbano y Ecología.
Con esta acción, la CNDH solicita a la Suprema Corte revisar la validez, según la Constitución, de estos cobros y determinar si las disposiciones contenidas en las leyes de ingresos municipales vulneran principios de proporcionalidad y acceso a derechos.
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