Pablo Vargas González, integrante de la Academia Hidal-guense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh), cuestionó que los linchamientos no se frenaran con recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), sino con una debida impartición de la justicia en la que se debe involucrar a los tres poderes del estado y los órdenes de gobierno.

“Son insuficientes (este tipo de llamamientos) porque se requiere resolver el problema estructural de justicia e inseguridad que se tienen en el estado”, señaló el académico.

Calificó como “un simple llamado que puede resultar eminentemente mediático” el señalamiento del ombudsman estatal, Alejandro Habib Nicolás, a 15 días de asumir el cargo.

Según el exconsejero, actualmente en el estado existe rechazo a las instituciones y servidores públicos, “sobre todo a los policías, ministerios públicos y jueces. La población no acude a interponer una denuncia, precisamente por desconfianza”.

Estos factores representan un caldo de cultivo para que se desborde el descontento social y, “si a eso le sumamos la desinformación, el mal manejo de las redes sociales, es cuando ocurren este tipo de situaciones que son lamentables por donde se les pretenda analizar”, expresó.

Para Vargas González, la labor de inhibir los linchamientos corresponde al Poder Ejecutivo, más que a la CDHEH.

“La garantía de un acceso a la justicia, a bienestar, de frenar la delincuencia, de atender las demandas de la gente es lo que aportaría para que estos casos dejen de ocurrir. Lamentablemente, a la comisión le faltan dientes y las recomendaciones quedan en llamados a misa”, añadió.

Emmanuel Rincón I Pachuca