Hidalgo: propondrán que usurpación de identidad indígena se considere delito electoral

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado colabora en una iniciativa nacional para tipificar la usurpación de candidaturas indígenas como delito electoral

Imagen: Carmen Hernández
 
Hace (8) meses
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Imagen: Hidalgo: propondrán que usurpación de identidad indígena se considere delito electoral

Luisa María Alcalde anuncia reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Imagen ilustrativa

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La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Hidalgo, Diana Jeanethe Rodríguez López dio a conocer que, desde la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, la entidad colabora con iniciativas para una reforma a la ley general en materia de delitos electorales, específicamente en las que puedan adecuar la usurpación de identidad indígena como una falta de esta naturaleza.

“Es un proyecto que ya se tiene, precisamente, trabajado con esta asociación en el sentido de poder tipificar a la usurpación de candidaturas indígenas como delito electoral en nuestro catálogo de esta ley”, expresó la fiscal.

¿Hay casos de usurpación de identidad indígena en Hidalgo?

Además, mencionó que, aunque en Hidalgo no se han presentado denuncias de ese tipo, sí se ha identificado como una conducta generalizada en las entidades, motivo por el que la asociación de fiscalías electorales busca regular dichas acciones, aunque negó que el caso del diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, se haya tomado como un referente del caso.

Hidalgo impulsa propuesta para sancionar la usurpación de candidaturas indígenas
Hidalgo impulsa propuesta para sancionar la usurpación de candidaturas indígenas | Foto: Carmen Hernández

Sobre la pena que podría aplicarse a quienes incurran en actos de usurpación para ocupar cargos electorales, la fiscal indicó que continúa el análisis para determinar el tipo de sanción, “tanto pena, prisión como multa”, pues la propuesta de algunos estados va de 2 a 5 años de inhabilitación del servicio público, mientras que otros elevan la propuesta a 3 años como mínimo.

Diana Jeanette mencionó que, para determinar la sanción a aplicar en estos casos, dependerá de la gravedad de la conducta y como se acreditará la usurpación de los posibles infractores.

Finalmente, indicó que otro punto que también podría incluirse en dicha reforma general, es el de la usurpación de las personas de la comunidad LGBTQI+, pues también consideró necesario “garantizar los espacios de esta población vulnerable”.

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