
Hidalgo vive una contradicción legislativa al pasar de prohibir las corridas de toros a reconocerlas como patrimonio cultural.
A más de un año de que el Congreso de Hidalgo respaldara una iniciativa para prohibir las corridas de toros por considerarlas maltrato animal, ahora, se ingresó una propuesta que va en sentido contrario, pues pretende reconocer la denominada “fiesta brava” como patrimonio cultural inmaterial del estado.
La iniciativa fue presentada por el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Mendoza Bustamante, y plantea reformar la Ley de Cultura para incorporar al catálogo de patrimonio intangible prácticas como el pulque, la barbacoa, el zacahuil, el ximbo, los tianguis tradicionales y la medicina ancestral.
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Sin embargo, también incluye dos actos que han generado polémica por su celebración, como lo son las corridas de toros y las peleas de gallos.
El argumento central de la iniciativa presentada este 23 de abril por el diputado tricolor, es la preservación de tradiciones, saberes y expresiones que forman parte de la identidad hidalguense y que deben protegerse frente a riesgos como la globalización o la pérdida de costumbres.
En el caso de la tauromaquia, la propuesta retoma que desde 2012 ya existe una declaratoria local que la reconoce como patrimonio cultural inmaterial, vinculada a ferias y fiestas patronales en más de un centenar de localidades, además de su impacto económico en ganaderías, espectáculos y empleos relacionados.
Sin embargo, el giro no pasa desapercibido, pues esta misma Legislatura hace un año acompañó una iniciativa para prohibir las corridas de toros, pero ahora abre la puerta a blindarlas bajo el argumento cultural.
Incluso, varias y varios de los diputados que hace un año respaldaron la iniciativa contra la tauromaquia en Hidalgo, este día se unieron a la iniciativa que, por el contrario, busca blindarlas al declararlas como patrimonio estatal.
La iniciativa también incluye las peleas de gallos, otra práctica que ha generado controversia por temas de crueldad animal, pese a que en 2021 el Congreso local ya había aprobado su reconocimiento como patrimonio, en medio de críticas y señalamientos.
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