Sobre las observaciones de la ASF al estado, Álvaro Bardales Ramírez señala que Hidalgo “emerge con saldo positivo”
El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, descartó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya observado al sector Salud de Hidalgo por 407 millones de pesos dentro de la cuenta pública 2023.
De acuerdo con el contralor, no hay espacio para malinterpretaciones, pues —dijo— los resultados confirman que “existe disciplina financiera” y que la administración estatal mantiene el rumbo correcto.
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En Hidalgo, el informe detalla en 12 fondos y programas federales: Fone, Fassa, PFEF, Proagua, U013, E023, ACOE, E040, U006, Fortamun, PFFM, Faisim, que las aclaraciones realizadas corresponden a pliegos administrativos, es decir, aspectos susceptibles de aclaración dentro de los procedimientos normales de auditoría.
Refiere que se fiscalizaron más de 40 mil millones de pesos a 175 entes públicos del estado y se solicitaron para aclarar a los servicios de salud únicamente 1.6 millones pesos.
“No se trata de observaciones que impliquen responsabilidad penal ni de hallazgos que ameriten denuncias ante la procuraduría del estado o la Fiscalía General de la República (FGR), de ser así se habrían presentado conforme a la ley”, aclaró.

De acuerdo con Bardales Ramírez, únicamente se solicitó aclarar 1 millón 600 mil pesos de los Servicios de Salud por el pago de remuneraciones por montos superiores a lo establecido en 201 contratos de honorarios profesionales sin la constancia de su previa autorización federal, eso es todo lo que corresponde aclarar a Salud.
Respecto a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) por 7 millones de pesos, se trata de solicitudes para aclarar la ubicación y registro de diversos bienes de inventario de la época de la pandemia, como los arcos sanitizantes que se desmantelaron debido al espacio que ocupan en las bodegas.
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Se tienen 30 días para aclarar las observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación y del estado, plazo que vence en la primera semana de abril del 2025, y cuentan con 120 días hábiles para procesar la información presentada y, en su caso, descargar las aclaraciones.
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