María Zorayda Robles Barrera y Neptalí Reyes Bolaños, padres de Daniel, un niño con síndrome de down que en 2018 fue expulsado de un grupo de natación del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) por su discapacidad, hicieron un llamado a los diputados locales a que revaloren al perfil que designen como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH).
Lo anterior, tras enterarse de que el miércoles pasado Ramiro Lara Salinas, actual presidente interino del organismo autónomo y aspirante a la presidencia del mismo, se quedó a un voto de ser el nuevo titular de la dependencia durante los próximos cinco años.
En conferencia de prensa virtual, Robles Barrera recordó que en 2018 inscribieron a su hijo a un grupo ordinario de natación en el Inhide para “potenciar su aprendizaje y desarrollo”, debido ya tenía experiencia en este deporte y había participado en olimpiadas especiales. No obstante, tras un cambio de profesor de la clase y de director de la alberca, Daniel fue expulsado por su condición, con el argumento de que debía estar con personas con discapacidad.
Por estos hechos, iniciaron una queja por discriminación ante la CDHEH, cuando Lara Salinas era visitador general y Alejandro Habib Nicolás, actual procurador general de justicia, presidente.
De acuerdo con la madre del niño, el exvisitador general fue el encargado de dicho caso, quien, dijo, “siempre mostró enojo” porque hicieron público el caso a través de la prensa. Incluso, señaló, tras una segunda queja, “incentivó el linchamiento” por parte de un grupo de padres de familia de las olimpiadas especiales, a quienes, en una reunión privada con las víctimas en las oficinas de la dependencia, los dejó pasar para que se manifestaran en contra de ellos.
Por lo que consideró que si el también exprocurador llegase a presidir la CDHEH pondría en riesgo la autonomía del organismo, debido a que en años pasados tuvo una relación de subordinación laboral con Habib Nicolás y, además, consideró que no garantizaría la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El padre de Daniel recordó que las dos quejas fueron archivadas luego de que la CDHEH resolviera que supuestamente no hubo violación a los derechos humanos del menor. No obstante, en 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 81/2020, en la que determinó que la valoración del organismo estatal fue “inadecuada e indebida” ni tuvo por objeto conocer y resolver las presuntas violaciones a los derechos humanos ni favoreció a la víctima con la protección más amplia y, en consecuencia, “permitió que el trato diferencial y discriminatorio continuara”.
Por su parte, el abogado del caso recordó que entre las recomendaciones que le hizo la CNDH a la CDHEH estaban la orden de impartir al personal del organismo, en un término de tres meses a partir de la aceptación de la recomendación, un curso de capacitación y sensibilización sobre la debida diligencia durante el procedimiento de investigación de violaciones a los derechos humanos, así como promover una queja ante el Órgano Interno de Control en contra de las personas servidoras públicas responsables de las violaciones a las garantías individuales en agravio del infante.
Además, en noviembre la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a los padres del infante ante la negativa del Inhide de reincorporarlo a la clase de natación y, además, consideró que se trató de un acto de discriminación, contrario a lo que la CDHEH resolvió.
Redacción
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