Yuvenil Torres I Pachuca
Si en Hidalgo se aplicaran de manera real las leyes, no sería necesaria la declaratoria de la alerta de género; sin embargo, falta voluntad política para hacerlo.
Así lo afirmó Bertha Miranda Rodríguez, titular de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), quien aseveró que el marco normativo de Hidalgo es “muy bueno”, pero falta voluntad política de las autoridades para utilizarlo.
En su edición del martes, Criterio informó que durante 2017, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), inició 22 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.
Al respecto, defensoras de los derechos de las féminas cuestionaron la efectividad de las instancias responsables de proteger a este sector de la población, como el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJMH) y Ciudad Mujer.
Diana Avilés Quezada, directora ejecutiva de la asociación civil Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), destacó que se requiere saber si este tipo de organismos cumple su objetivo, pues de no ser así, aunque se declare la alerta de género, ésta no tendría gran impacto.
“El llamado es que se haga visible cuáles son las condiciones en las que están operando estas instituciones, su impacto, el recurso con el que cuentan y sus necesidades”, señaló.
Miranda demandó que antes de solicitar el mecanismo de protección, se garantice el respeto a la legislación actual, como al Código Penal de Hidalgo, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales.
“La alerta de género no tendría por qué ser si autoridades aplican las leyes vigentes, pero tenemos leyes inoperantes, porque no se pasa del discurso a la acción”, sostuvo la activista.
